De acuerdo al proyecto, ésta fue la razón por la que el representante legal de Consumidores Libres, el ex diputado socialista Héctor Polino, reclamó la eliminación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a la garrafa social. Lisandro Viale, que se hizo eco del reclamo, expresó “compartimos que es realmente un absurdo que por un lado el Gobierno nacional subsidie el precio de la garrafa social, y por otro, le cobre el 10,5 por ciento del IVA a los sectores sociales más pobres, que son los destinatarios de esas garrafas”.
“El gobierno nacional destina 200 millones de pesos para que la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a 16 pesos, la de 12 kilos a 20 y la de 15 kilos a 25 pesos. Pero esos valores solamente existen en la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, porque los usuarios las pagan a valores que en algunos casos duplican, triplican y hasta cuadruplican esos precios”, afirmó Viale.
El problema radica en que la Secretaría de Energía subsidia al productor, al fraccionador y al distribuidor, pero no al comerciante, y en este último eslabón de la cadena es donde se producen las distorsiones de precios. Por otro lado, “hay una diversificación en los controles. Mientras a los productores, fraccionadores y distribuidores los controla el Enargas, a los comerciantes y estaciones de servicio los controla la Secretaría de Comercio Interior. Donde todos controlan, no lo hace seriamente nadie, semejante sistema, por su complejidad, facilita los sobreprecios”, concluyó el diputado nacional.
Según el proyecto de Viale, la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP) no debe ser considerada como un simple bien comercial, sin evaluar sus importantes implicancias sociales. Y admitió que el gobierno nacional por ese motivo implementó el programa “Garrafa para todos” desde 2008. Representó una rebaja significativa sobre el valor final del gas licuado que consumen los sectores sociales más pobres, que en su mayoría, forman parte del casi 40 por ciento de la población del país que no dispone de gas natural.
