Con la finalidad de articular racionalmente los recursos estaduales, tanto en el ámbito municipal como provincial, y de lograr una notable mejora en la inversión de fondos en provecho de políticas públicas eficaces y con la participación de referentes del Poder Judicial de Concordia, del Sistema de Salud, (Hospital Felipe Heras); del Consejo Provincial del Menor, de la Policía de la Provincia de Entre Ríos y de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Concordia, se viene trabajando para lograr una
acción coherente y sustentable en materia de Violencia Familiar.
Esta situación movilizó la demanda de los actores, la progresión geométrica de los hechos denunciados y la deficiente respuesta estatal que se brinda actualmente.
Ante el angustiante escenario, estos sectores se acercaron y requirieron la gestión del Diputado Provincial de Concordia, Dr. Enrique Tomás Cresto.
En tal dirección y como resultado de diferentes reuniones de trabajo que sostuvo el mencionado diputado con el Gobernador de la Provincia, Jorge Pedro Busti, y con el Intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, se suscribirá próximamente un Convenio entre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el Intendente de Concordia y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos por el cual se creará el «Servicio de Violencia
Familiar», que se instalará en el edificio que ocupa el Hospital Felipe Heras. Allí se brindarán respuestas institucionales adecuadas a la ciudadanía, tanto en calidad como en cantidad.
Tendrá por fin principal brindar asistencia terapéutica a los autores y/o victimas de actos de violencia familiar. Contará con asesoría legal, personal administrativo, cuatro psicólogos con afectación de 15 horas semanales cada uno, dos psiquiatras (10 horas semanales) y un asistente social (20 horas).
Se planificará el seguimiento de los casos derivados judicialmente, en aplicación de la ley provincial 9198 de Violencia Familiar. Será coordinado el Equipo Interdisciplinario por un Coordinador en representación de los Juzgados de Familia, que actuará sin percibir remuneración. Además se planifica que contribuya en la formación de funcionarios policiales, quienes habitualmente reciben las denuncias. También se asegura un espacio de debate e intercambio de información y cooperación con los distintos organismos estatales relacionados directamente con la problemática.
Es un hecho puntual y concreto cuyo objetivo es, dicen “satisfacer la tutela de los derechos constitucionales a la salud, a la integridad física y a la protección judicial de tales derechos de los ciudadanos que sufren el grave flagelo de la violencia familiar”.
