Luego que se vinculara la ubicación de las líneas de alta tensión con la aparición de casos de cáncer, los empleados de la represa realizaron una serie de asambleas, logrando que las autoridades correspondientes trasladaran a dichos empleados al edificio de relaciones públicas, en la margen derecha del río.
Por todo lo sucedido, se realizó un estudio epidemiológico que estuvo a cargo de profesionales contratados por la Comisión Mixta de Salto Grande, el cual determinaba que ya había doce empleados de Salto Grande con cáncer, siendo este un número mayor a la media.
Por estas razones los trabajadores de esta represa binacional, realizaron la denuncia correspondiente a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. A raíz de estos hechos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, realizó una inspección a la represa, en noviembre de 2005, conjuntamente con la inspección de trabajo del Uruguay.
