En realidad, se abrió una tregua de 90 días, y en ese plazo quedó el compromiso de encontrar un sistema alternativo de financiamiento de la obra social. Pero ya pasaron más de 60 días y no se encontró todavía ninguna opción que permita prescindir de la suba del coseguro. “Nosotros tenemos un déficit mensual de 400 mil pesos, producto de que se incrementó el costo de las prestaciones, y en forma paralela no hubo un aumento de ingresos, como esperábamos, producto del aumento de sueldos en el Estado”, admitió Silvio Moreyra, titular del Iosper.
-Hasta ahora no tenían déficit.
-No, no teníamos. Es un déficit manejable, pero no nos podemos dar el lujo de potenciarlo. Seríamos unos irresponsables si potenciamos ese déficit, que es lo que le ha dado desprestigio a la obra social.
Si el aumento del coseguro no prospera, entonces en el Iosper tienen in pectore un Plan B: el aumento del porcentaje de aportes, tanto el que realiza el Estado por cada unos de los agentes estatales, como el que sale del bolsillo de los empleados afiliados a la obra social. Sobre esta segunda opción, el directorio de la obra social ya ensayó distintos caminos, que fueron presentados, en voluminosas carpetas, al ministro de Economía, Diego Valiero.
En un informe con la memoria del año 2007, se plantea claramente que “el Iosper es la obra social con el aporte más bajo del país”: el promedio a nivel nacional ronda el 9,06 por ciento, y aquí es del 6,39 por ciento. Un afiliado activo aporta un 3 por ciento de su salario, y otro 4 por ciento realiza el Estado; un jubilado, aporta el 4 por ciento de su salario, y el Estado, el 2 por ciento, en vez del 4 por ciento que fue hasta la década de 1990, cuando se redujo por la aplicación de una Ley de Emergencia Económica. Si bien esa norma ya no rige, el recorte se mantuvo, y de eliminarse completamente, la obra social recuperaría, al año, 1,2 millones de pesos.
El Plan B en la obra social provincial apunta a sumar 1 punto en el aporte de los activos, tanto el que efectúa el Estado, como el que realizan los trabajadores del Estado, excluyendo por ahora a los pasivos. Esa posibilidad, sin embargo, no genera un acompañamiento unánime entre los directores –Silvio Moreyra, por judiciales y legislativos; Ricardo Muñoz, por los jubilados; Teodoro Demczuk, por los docentes; Rubén Zaragoza, por los jubilados; Inés Panozzo, por los municipales; y Ariel de la Rosa, por los activos del Estado-: la mayoría prefiere evitar cualquier golpe al bolsillo en medio del irresuelto planteo de aumento de salarios.
Coseguro
El último congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) mostró su poca disposición a una medida que toque los ingresos de los empleados, y se pronunció por la posibilidad de que el Estado envíe más fondos a la obra social, mediante un incremento del aporte patronal por activos y pasivos, llevándolo del 4 al 6 por ciento.
Pero en las últimas reuniones que mantuvo el directorio de Iosper con el ministro Valiero, ese camino se ha tornado inviable: el Gobierno acepta que la obra social necesita de más recursos para costear las prestaciones, pero a la vez sostiene que la caja del Estado no soporta más exigencias. Ni siquiera habría chances de devolver el 2 por ciento que se dejó de aportar por los jubilados a mediados de la década de 1990, en base a una ley de emergencia que ya perdió vigencia.
Por eso, la alternativa más viable sería, por ahora, volver a aplicar la suba del coseguro del 100 por ciento, pasando de 5 a 10 pesos el valor de cada consulta médica a cargo del afiliado, y plantear fuertemente un aumento de los aportes, tanto patronales como personales. “Cada punto de aumento, nos reportaría unos 40 millones de pesos en el presupuesto anual”, sostiene Moreyra, en diálogo con El Diario.
Al Gobierno le piden que “mínimamente, haga un esfuerzo, y que nos reintegre el 2 por ciento de los pasivos que se dejó de aportar hace muchos años, cuestión que incluso tiene una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia. Hoy el Estado aporta el 50 por ciento de lo que debería aportar. Si nosotros tuviéramos ese aporte, el 4 en vez del 2 por ciento, no necesitaríamos aumentar el coseguro”, afirmó Moreyra.
Finalmente, sostuvo: “Lo primero que pretendemos es que se devuelva el 2 por ciento, como para empezar a ordenar los números, y para proyectar qué tipo de prestaciones queremos brindar. Hoy los tratamientos están cada vez más caros, la tecnología es cada vez más cara, y los prestadores no nos preguntan con qué recursos contamos. Todo aumenta, y nosotros, que dependemos del recurso que aporta el Estado y el afiliado, vemos que se nos achica cada vez más el recurso”.
