El Defensor del Pueblo nacional interviene en estos casos a través de pedidos de informes y en virtud de lo establecido por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que, en su artículo 126, sostiene que lo/as alumno/as tienen derecho a ser protegidos contra toda agresión física, psicológica y moral; y a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.
Las denuncias y los estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los pedidos in situ, los efectos agudos en niños: dolor de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad en la vista, cansancio, náuseas, angustia, entre otros. Además, muchas de las escuelas rurales se encuentran alejadas de los centros urbanos, por lo cual no son protegidas por las ordenanzas municipales que regulan la materia.
Por tanto, la institución considera que “estos derechos y obligaciones de los alumnos se ven violados cuando, debido a las fumigaciones a las que se ven expuestos, deben abandonar las escuelas o refugiarse en las aulas para evitar los efectos agudos que produce la exposición”.
Asimismo, el Defensor exhortó al Jefe de Gabinete de Ministros que arbitre los medios necesarios para incentivar la producción agroecológica, considerando la posibilidad de establecer subsidios o reducciones impositivas en los tributos nacionales que gravan este tipo de actividad.
Además de los resultados de la investigación para el proyecto “Riesgo Ambiental de la Niñez en la Argentina” -realizado por la Institución en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- el Defensor del Pueblo recibió numerosas denuncias sobre casos de fumigación en Pampa del Infierno (Chaco), Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba), Departamento Uruguay (Entre Ríos), Los Toldos (Provincia de Buenos Aires) y Coronel Suárez (Provincia de Buenos Aires).
Además de los ministerios mencionados, el Defensor del Pueblo también exhortó a los ministros nacionales y provinciales de Agricultura, a organismos de investigación y desarrollo, a universidades nacionales y Consejos Federales a que impulsen mecanismos de monitoreo y seguimiento de los programas que se desarrollen para controlar que se reduzca efectivamente la presencia de agroquímicos en el ambiente escolar.
