A partir de esta derogación, los extranjeros con antecedentes penales seguirán sin poder ingresar al país. “Es mentira la información deliberadamente malintencionada que están dando algunos dirigentes de la oposición. Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el Decreto 70 y en la ley que se restituye hoy”, aseguró la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.
En ese sentido, la funcionaria resaltó que el artículo 29 inciso C de la ley vigente establece claramente que no podrán ingresar al país “quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior” o quienes tengan “antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas (…)”.
Carignano dejó en claro que el Decreto 70 “fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia. La estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo”.
“La única diferencia significativa entre la vigencia del Decreto 70 durante el macrismo y la de la Ley Nacional de Migraciones es la cantidad de expulsados del país. Pero esto se debió a la creación de una Dirección de Extranjeros Judicializados que se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado. Aclaramos lo del pasaje pago por el Estado porque hasta la gestión de Macri el traslado de presos era una carga pública que debían realizar las aerolíneas sin costo alguno para el Estado nacional”, añadió Carignano.
El agravante de esta situación fue que durante este período fueron detenidos en territorio nacional algunos de estos delincuentes liberados quienes, a pesar de haber sido expulsados, volvieron a reingresar al país de forma irregular.
El Presidente Alberto Fernández decidió derogar el Decreto 70/17 a la vista que, en números y datos concretos, no significó ninguna mejora en la gestión de fronteras. Por el contrario, fue ampliamente cuestionado por organismos internacionales en el marco de las Naciones Unidas y fue declarado inconstitucional en reiteradas oportunidades por jueces argentinos en distintas instancias. No sirvió para nada y era inconstitucional.
La DNM, además, informa que el principal ingreso irregular al país de extranjeros se produjo durante la vigencia de la disposición impuesta durante el gobierno de Cambiemos en 2019 (DNM 520/19) que autorizó el ingreso al territorio nacional de miles de extranjeros sin documentación para acreditar identidad, sin que esta situación haya podido regularizarse a la fecha.
