Después de que el Banco Mundial concediera a Botnia el crédito necesario para terminar su planta en Fray Bentos y tras los fallos adversos de la Corte de La Haya y del Tribunal del MERCOSUR ya no queda nada por hacer desde el punto de vista jurídico –más allá de la ridícula presentación judicial del gobernador Busti contra los integrantes del Banco Mundial que aprobaron el crédito y que, en el contexto actual, se entiende como otro simple gesto proselitista.
Desde el Uruguay el mensaje de que las pasteras se harán sí o sí es claro y contundente –más aún luego de la actitud cipayo del gobierno de Tabaré de mandar a sus militares a custodiar la planta de Botnia, demostrando que su partido, el Frente Amplio, tal vez sepa mucho de socialismo pero no es capaz de comprender que las papeleras configuran un modelo de país monocultor de eucaliptos que sería el destino colonial del Uruguay en este siglo.
De este lado del río, si el tema tomó trascendencia es por la perseverancia de los asambleístas de Gualeguaychú. Porque hasta que comenzaron los cortes y movilizaciones a nadie le importó o le preocupó demasiado el tema. Cuando los habitantes de Gualeguaychú comenzaron a persistir con sus medidas de protesta, el conflicto –conflicto “ambiental” como minimizaría en su momento Kirchner- se hizo “causa nacional”. El presidente arribó a Gualeguaychú con todo el gabinete y encabezó, junto con el mismísimo gobernador, intendentes y diputados nacionales, entre otros, una manifestación contra las pasteras que convocó a casi 40 mil personas. Ahora se pide a los vecinos que no corten, que no sirve, que es una táctica que se volverá en contra, que entorpece las negociaciones.
En Concordia los primeros asambleístas –bustistas- ningunean el corte y la patota del “Jorge” mira que los nuevos ambientalistas, ahora de esa izquierda que no entusiasma a nadie, no se pasen de la raya que pretende el líder provincial
Así las cosas las alternativas serían:
Una, la acción directa. Declararle la guerra al Uruguay e iniciar al mismo tiempo una casería para tomar prisioneros a todos los residentes uruguayos que viven de este lado del río. Invadir el vecino país y quedarse con la planta. Entonces, tal vez sí acordemos hacerla funcionar porque la contaminación bien entendida empieza por casa. Somos un país con una contaminación en ascenso (Pasteras argentinas, riachuelo, minas a cielo abierto, monocultivo sojero), pero no vamos a tolerar que ningún vecino nos tire el humo en la cara.
La segunda alternativa: veraneo en la ruta. Se pueden hacer exploraciones de aguas termales en inmediaciones de pasos fronterizos, consignar campings sobre las banquinas y hacer visitas guiadas, a cargo de los barrabravas de River y Boca, destinadas a turistas extranjeros que quieran ver y experimentar el fenómeno del “aguante argentino”.
La tercera alternativa sería la menos delirante: admitir que no hay marcha atrás en la instalación de la pastera y sentarse a negociar el mayor control posible sobre su impacto ambiental, incluyendo, tal vez, la chance de que Argentina pague el traslado de la fábrica finlandesa a una zona no conflictiva.
Pero el problema radica en que nadie quiere dar el brazo a torcer – ni los ciudadanos de Gualeguaychú ni el gobierno uruguayo. Excepto, quizás, los gobernantes de este lado que ya son contorsionistas en esto de cambiar de discurso, de intereses y tácticas.
El trasfondo de esta novela con final incierto es el debate ausente: el proyecto de país que se quiere tanto de un lado como de otro. Si el de exportadores de materias primas sin ninguna o poca elaboración, que además para su elaboración degradan el medio ambiente hasta inutilizarlo como se comprueba no solo con las pasteras sino con monocultivos como la soja, la explotación de minas a cielo abierto con profusión de sustancias tóxicas como el cianuro y el cadmio, la deforestación a mansalva -cuenta de ello dan las inundaciones en Tartagal, por ejemplo-, basurales gigantes a cielos abiertos o la contaminación industrial de las aguas y sus derivaciones sanitarias –como los casos de General San Martín y General Mosconi tras la privatización sin mayor control de YPF-. O, si por el contrario, las políticas estarán orientadas incentivar la producción de cultivos variados y con rotación, o el apoyo a los productores, agricultores o ganaderos del campo, las pequeñas y medianas empresas, la elaboración de elementos manufacturados, el avance en las ciencias… todo dentro del marco de un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer los recursos naturales para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.
Pero este dilema que ni siquiera se plantea no es exclusividad de argentinos y uruguayos: En Paraguay el ejército acompaña a las topadoras, a las máquinas de siembra directa y reprimen a los campesinos. En Brasil el gobierno de Lula retrocede ante las empresas y promulga leyes sobre Biotecnología aceptando las situaciones y condiciones establecidas por Monsanto y por los sojeros. En Bolivia crece la lucha campesina e indígena por recuperar los recursos naturales y con ello la propia soberanía, pero en el Oeste Boliviano crecen también el secesionismo y las propuestas racistas y oligárquicas. Mientras tanto, en Chile, existen permanentes tensiones entre comunidades, organizaciones Mapuche y compañías forestales, principalmente ante la resistencia para frenar la introducción de especies exóticas (pino y eucaliptus) en los terrenos ancestrales Mapuche y las reiteradas denuncias por los graves impactos ambientales, culturales y sociales que están causando las plantaciones, como asimismo, la sequía progresiva de los recursos hídricos que se relacionan con la existencia de monocultivos, junto a la contaminación de las aguas y las tierras por el uso indiscriminado de plaguicidas.
Este debate a nivel macro está ausente también en los asambleístas, pero Gualeguaychú tiene algo que pocas ciudades, al menos en Entre Ríos, poseen -como escribiera Américo Schvartzman en el primer número de Debate y Opinión-: “Gualeguaychú es un pueblo muy consciente del modelo de ciudad que eligió”. Modelo que salió a defender ante el arribo de una peligrosa industria contaminante descartada por los países desarrollados y que vienen a hacer pie en la periferia – En estas “repúblicas bananeras» del tercer mundo. Países atrasados, llenos de problemas estructurales, corrupción, impunidad, donde los sectores ricos tienen un poder desmedido y una acumulación de riquezas bochornosa, junto a sectores populares sumergidos en la pobreza y la ignorancia- “valiéndose del poder de su desarrollo económico- como diría Kirchner en su loable discurso en el corsódromo de Gualeguaychú- para contaminar el capital ambiental de este lado del mundo como precio por la creación de puestos de trabajo que nuestras sociedades necesitan…”, para marcharse una vez que el recurso se agote, dejando que los costos y las consecuencias de la devastación, en muchos casos irreversibles, sea asumido por las comunidades locales y regionales.
Detrás de la antinomia contaminación sí o contaminación no, detrás de la discusión acerca de niveles tolerables o intolerables de contaminación, detrás de la soberanía pretendida por Uruguay y Argentina para hacer valer sus derechos de instalar las pasteras o cerrar los pasos fronterizos, la cuestión soberana de fondo está clara desde el vamos y desde siempre: El dinero, los intereses foráneos y el poder a costillas del medio ambiente, la salud y la dignidad del pueblo o la voluntad asociada de un pueblo y sus gobiernos para constituirse como sujetos históricos y decidir cuál de los modelos de países posibles desea.
Colonias del poder económico transnacional, receptores de industrias contaminantes y fideicomisos del monocultivo o naciones con destino propio, autodeterminadas y libres, coherente con los sueños de grandeza de los próceres libertadores. Esa es la cuestión
