LA EVASIÓN DE LOS QUE MÁS TIENEN
Entre las 170 empresas investigadas, hay Sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada, Comerciales y personas físicas. De todo un poco.
De ese total, hay aproximadamente 40 que aparecían con el beneficio de la exención impositiva ya que según los registros se trataba de contribuyentes exentos por tratarse de jubilados. Una clara estafa.
Asimismo y según lo pudo averiguar DIARIOJUNIO de fuentes fidedignas, aparecen 70 empresas de las más grandes de la provincia cuyas Declaraciones Juradas aparecen sin movimiento, o sea, con 0 peso.
Entre los titulares de esas sociedades aparecen dos posibles candidatos a diputados nacionales que pertenecen a partidos de la Alianza Cambiemos.
Mediante diferentes ardides, esos grandes empresarios se niegan a pagar Ingresos Brutos que, como se sabe, en Entre Ríos, tienen la ventaja de pagar solo el 1 % en el caso de la actividad agropecuaria y solo si la facturación supera los 8 millones de pesos.
Demás está decir que todas estas empresas fueron detectadas luego de hacer un cruce de datos con otros organismos como AFIP o el Impuesto a las Ganancias.
Es dable señalar también que muchas de estas firmas no están radicadas en la provincia a pesar que sus negocios lo tienen aquí.
La mayoría de los evasores son grandes productores de cereales y oleaginosas, para más datos, soja, maíz, trigo y otros. Pero no solo esto, también se los encuentra entre los productores de arroz y citrus.
LA ANTERIOR ESTAFA Y LA IMPUNIDAD
El escándalo de la estafa contra el Estado provincial que protagonizaron alrededor de 50 empresas entrerrianas y varios empleados infieles descubiertos permitieron, a través del conocido sistema de ‘compensaciones’ esquilmar al Estado en alrededor de 50 millones de pesos, al momento de la denuncia.
Concordia por supuesto no estuvo ausente en esa maniobra fraudulenta y DIARIOJUNIO publicó los nombres de todos los involucrados. No sirvió de mucho, la justicia provincial los protege.
De esa mega estafa participaron varios estudios contables que, a su vez, ya habían estado ligados a maniobras financieras que representaron un escándalo que fue tapado solo porque los damnificados eran en su mayoría, usureros.
Hasta ahora, los únicos perejiles que cayeron fueron los empleados del Estado que fueron partícipes del fraude al Estado.
En esa oportunidad, el encargado de investigar este tema, el Procurador García afirmó al autor de esta nota lo siguiente…
“La imputación que nosotros dirigimos ayer es a dos funcionarios que aparecen primero como acusados, y a 65 coimputados entre empresas y personas físicas”. Aquí estamos ante una coautoría en el fraude a la administración pública y a la vez fraude tributario. Entonces hay fraude del ente y particulares contribuyentes”.
García siguió diciendo el 24 de junio de 2014… “los que evaden fraudulentamente esos tributos; en filosofía moral se conoce como la ventaja del polizón, porque toma todos los derechos y ventajas del Estado, pero se desliga fraudulentamente de sus deberes”.
En la entrevista de hace ya 3 años, García afirmaba “el fraude a la administración pública tiene una pena que no es muy alta, son 6 años la máxima, pero está pensada en términos de un hecho, ahora, si son varios hechos y esto conforma una reiteración puede ser unan pena mayor con cárcel”.
LEJOS DE LA CARCEL CERCA DE LA IMPUNIDAD
Con una justicia tan remolona es difícil pensar que los que estafan al Estado o sea a todos, lo sigan haciendo sin temor.
Para ser más precisos aún, en el mes de Julio de 2013 yo firmaba otra nota que daba cuenta de que “existían alrededor de 1.000 terratenientes que no han pagado el Impuesto Inmobiliario Rural 2012 y el presidente de la Sociedad Rural Luis Etchevehere dijo en Palermo, “en Entre Ríos, de donde soy, ya se está iniciando el proceso de remate de campos”.
Lo habían intimado a pagar pero la noticia fue que el tema era la crisis y no el curro de siempre joder al Estado.
