Más de 17 testigos dieron sus declaraciones luego de dos intensas jornadas, mientras que en los alegatos el cura se había manifestado “inocente” e intentó desestimar las denuncias en su contra, no sin antes recurrir al recurso de la prescripción de los hechos. En el juicio los abogados Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso actuaron por parte de la querella, mientras que Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra lo hicieron en representación del Ministerio Público Fiscal. Ambas partes habían solicitado una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para el cura.
Marcelino Ricardo Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, Pablo Huck y Ernesto Frutos que en su niñez y adolescencia en la dècada del 90, formaron parte de un grupo que asistía regularmente a la parroquia Santa Rosa de Lima y que eran alumnos del Colegio La Inmaculada, de Villaguay. Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunto la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio. La causa nuevamente fue recurrida y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción.
El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la justicia, extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que, en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia (CSJ) de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz.
Entre Ríos tiene un triste récord al sumar ya tres sacerdotes católicos que fueron denunciados ante la Justicia por el delito de abusos sexuales a menores en los últimos años: El primero de ellos, el que mayor repercusión generó en la soceidad fue el que involucra al cura Justo José Ilarraz, acusado de haber violado a seminaristas menores de edad, entre 1984 y 1992. El segundo caso involucra a Marcelino Moya, acusado de cometer abusos en menores entre 1992 y 1997 y el tercero tiene como imputado a un cura "sanador": el colombiano Juan Diego Escobar Gaviria
