A las 18.30 de este jueves llegó a su fin el tratamiento en el Senado de la «Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins'». Tras la media sanción de Diputados y los años de lucha de las organizaciones militantes, el tablero de la Cámara Alta marcó 55 votos a favor, 1 en contra y seis abstenciones, y la norma quedó sancionada. El voto negativo fue de Ernesto Martínez, del PRO de Córdoba.
El debate comenzó a las 16, cuando tomó la palabra Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer y miembro informante del proyecto: «Tenemos la oportunidad como legisladores y legisladoras de revertir una realidad de discriminación y violencia a la que se ha sometido a las personas travestis, transexuales y transgénero», expresó. La senadora agregó: «Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación».
Antes del inicio de la sesión, cerca del mediodía, las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans realizaron un pañuelazo frente al Congreso para exigir la sanción. «Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo», expresó, una vez aprobada la norma, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
«Nos llena de emoción que la ley sea aprobada. Es un reconocimiento a una lucha histórica y a que nuestras vidas valen, que tenemos derecho a una ciudadanía plena, a elegir nuestros proyectos de vida y a desarrollarlos libremente», dijo a Página 12 Thiago Galván, vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo y Lucha, subrayó que «fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte».
En concreto, la norma aprobada estipula, entre otros puntos, que el Estado nacional «comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado» tiene que destinar «una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero». El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans.
