Los restos pertenecen a María Esther Ravelo de Vega, no vidente secuestrada el 17 de septiembre de 1977 junto a su esposo, Etelvino Vega, mientras se encontraban en su domicilio de calle Santiago 2115, en Rosario.
Ante versiones que indicaban que Ravelo era oriunda de Entre Ríos, UNO consultó al Registro Único de la Verdad de Entre Ríos desde donde se aclaró que, hasta el momento, la ex militante de Montoneros no integra la nómina de entrerrianos desaparecidos durante la última dictadura militar; mientras que en la oficina de Derechos Humanos de la provincia Santa Fe se dijo a este medio que la mujer era oriunda de Rosario, aunque no se precisó el lugar de nacimiento.
El de Ravelo es uno de los ocho cuerpos exhumados en Campo San Pedro, predio militar donde trabaja desde hace seis meses el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Tanto María Esther como su esposo, Etelvino Vega, fueron secuestrados en su domicilio -hoy convertido en Casa de la Memoria La Casita de los Ciegos- y fueron trasladados al centro clandestino de detención La Calamita. Desde allí fue trasladada a una chalet de Monje, donde fue asesinada y después enterrada en un campo cercano a Laguna Paiva.
El hallazgo de Campos San Pedro se produjo el 9 de junio de 2010. El 27 de junio el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, constató que en la fosa común descubierta por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el campo San Pedro, a 40 kilómetros de Santa Fe, había restos de ocho personas, seis de ellas con lesiones en el cráneo compatibles con heridas producidas por armas de fuego.
El magistrado ordenó la exhumación de los cuerpos y su traslado al laboratorio de los peritos forenses, en Buenos Aires, para que se realicen los estudios genéticos que permitan identificar a los desaparecidos. Fuentes seguras, revelaron que se trata de restos de cinco hombres y tres mujeres jóvenes, uno de ellos apareció con un objeto de metal en la mano izquierda que podría ser un anillo y otro tenía una pieza dentaria de acrílico y metal, que podrían orientar las investigaciones, según señala Rosario 12.
La causa que instruye el juez Miño se inició en abril de 2007 por una denuncia de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, que agrupa a las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Aunque ya en 1984, la Conadep se había hecho eco de comentarios de vecinos y conocedores de la zona.
