“Hoy el CoPNAF se presenta como una institución sin vínculos entre las máximas jerarquías ejecutivas y a sus máximos responsables. Lo mismo sucede al interior de sus áreas, con un déficit importante de comunicación y articulación de políticas públicas con otras áreas del Estado como Salud, Educación y Vivienda“, afirmó Bargagna, y calificó al organismo como “uno de los lugares simbólicamente más aislados y abandonados por la gestión del Estado”.
“La política de niñez, adolescencia y familia, es tan o más importante que la política económica o de obras públicas. Quien lleve adelante la conducción del CoPNAF debe estar sentado como un miembro más del gabinete provincial, en la mesa de articulación de las políticas más importantes y urgentes del gobierno”, sostuvo la diputada.
“El Gobierno está obligado a mitigar el impacto que han generado políticas de concentración y de exclusión sobre la sociedad, y debe comprender que eso no se soluciona con subsidios”.
Para finalizar, Bargagna destacó que “actualmente, la ubicación que el organigrama del Estado le ha destinado al CoPNAF es de segundo orden en comparación con otras instituciones como son la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande o la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)”, y agregó que “ese orden expresa una escala de valores que debe cambiar”.
EL COPNAF EN EL TIEMPO
Con el correr de los años y su condición de órgano autónomo, el CoPNAF se ha convertido en un área residual, con menor grado de compromiso de quienes conducen el Estado.
Desde el año 2008 rige en nuestra provincia una nueva Constitución, con fuerte sesgo social y en los Derechos Humanos. En su artículo 18º establece que el Estado reconoce a la familia “como el núcleo fundamental de la sociedad a la que protege promoviendo su desarrollo y afianzamiento”, se compromete a la “protección integral de los niños, niñas y adolescentes en especial aquellos en situación de carencia, discriminación o ejercicio abusivo de la autoridad familiar o de terceros”, a promover “el desarrollo y la integración de los jóvenes y su participación social y estatal” y a proteger a los ancianos “contra toda violencia”.