Más adelante, señalaron que el Consejo solo puede actuar si alguna persona física o jurídica efectúa una denuncia ante esa institución con la correspondiente prueba documental. En ese caso, se avanzaría con el traslado al Tribunal de Ética.
Hasta el momento, “se desconoce la verdadera naturaleza de los hechos y las personas involucradas. Todo lo que se sabe surge de versiones”, explicaron desde el Consejo.
“Tampoco es el momento oportuno para hacernos de los antecedentes: estando la cuestión en sede penal, ni la Justicia ni la ATER ni las empresas presuntamente involucradas tienen obligación de remitirnos la documental ni el Consejo facultades de exigirles nada”, manifestaron además.
Por otra parte, aclararon que la figura de la compensación es un instrumento legal y beneficioso para las partes involucradas, ya sea proveedores como Estado, máxime en épocas de complicaciones financieras. “En este caso, lo que sí hay que dejar en claro, es que el sistema de control interno puede haber tenido deficiencias en la intervención que habrían permitido la ocurrencia de este tipo de irregularidades durante tanto tiempo”, manifestaron.
“Entonces, al margen de establecer las responsabilidades, habrá que ajustar los mecanismos para una mejor gestión administrativa que permita perfeccionar la herramienta”, mencionaron en otro párrafo.
“En definitiva, este Consejo seguirá esperando, como corresponde, que la Justicia realice su trabajo. Hasta ese momento, todas las opiniones que hablan de la participación de profesionales en ciencias económicas son meros rumores”, advirtieron.
“Para concluir, queremos destacar que esta situación nos tiene como ciudadanos y como profesionales sumamente preocupados y solicitamos que a la mayor brevedad la Justicia y el Estado determinen las responsabilidades del caso y apliquen las sanciones que prevé la ley”, finalizó el comunicado.
