A la hora de recordar frases de Eduardo Duhalde, en primera fila estará sin dudas la de que “el que puso dólares, recibirá dólares”. Si hoy el expresidente tuviera el peso específico de entonces, seguramente hubiera hecho mucha más carrera su frase del fin de semana, en referencia a la ley antidespidos: “Están haciendo un maremoto en una palangana”.
Una expresión perfecta para interpretar la polémica generada en torno a un tema que se expandió a niveles inauditos para lo que seguramente habían previsto en el gobierno, donde cuando todo esto haya concluido y llegue la hora de sacar conclusiones, tendrán que reconocer que deberían dejar definitivamente de lado la costumbre de minimizar los conflictos.
Un mínimo análisis político a mediano plazo les habría permitido vislumbrar que ese reclamo sindical en torno a los despidos, merecía ser atendido de entrada: refutándolo de manera contundente, si como hoy insisten no correspondía; u ofreciendo respuestas, si ameritaba una salida contemporizadora. Pero en ningún caso hacer lo que se hizo, o sea nada.
El Gobierno dejó crecer el problema sin inmutarse; fue mero observador cuando las cúpulas sindicales desembarcaron en el Congreso y en sendas jornadas sentaron las bases de este reclamo en ambas cámaras. El 20 de abril, la oposición firmó dictamen de dos proyectos de ley antidespidos, al mediodía en Diputados y a la tarde en el Senado. Uno más gravoso que el otro, en ese orden. Cuando el macrismo cobró cabal conciencia de que se trataba de un problema, ya era tarde: en un santiamén le habían dado media sanción en el Senado, asestándole al oficialismo su primera derrota legislativa, con los dos tercios del Cuerpo, para darle más envergadura.
Lo único que pudo hacer desde entonces fue alargar el conflicto. De manera innecesaria, si la conclusión termina siendo el veto en el que se pensó desde un primer momento. Lo cierto es que desde que comenzó esta controversia pasó poco más de un mes, y en ese transcurso las cinco centrales sindicales se unieron contra el gobierno en una gigantesca movilización en vísperas del 1° de Mayo. En el interín, el Congreso quedó prácticamente paralizado para otro proyecto que no fuera este de la oposición, y precisamente para evitar el tratamiento del mismo el oficialismo tuvo que postergar iniciativas positivas, que podrían mostrarlo atendiendo las necesidades de la sociedad. Por ejemplo la exención del IVA en los alimentos de la canasta básica.
En el marco del cambio de estrategia, finalmente Cambiemos llega a este miércoles con una batería de proyectos por tratar y un final previsible, pero abierto. En lo que se presume será una sesión “extra large”, que se extendería mínimo 20 horas, el oficialismo pondrá a consideración del Cuerpo dos proyectos propios y plausibles. La ley de Acceso a la Información Pública, y la mencionada iniciativa sobre el IVA. En tercer lugar, con votación prevista para bien entrada la madrugada, quedará la ley de emergencia ocupacional.
Para el transcurso de la sesión tiene otro proyecto con el que el oficialismo podría dar una de las notas salientes de la jornada: el permiso de allanamiento del domicilio del diputado Julio De Vido. Se trata de un proyecto de resolución, que como tal no necesita ser aprobado por ambas cámaras, el cual fue presentado la semana pasada por quince diputados del PRO. Se esperaba que este martes se tratara de darle dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero la misma ni fue convocada. En realidad, no está en el temario, pero podrían llevarlo al recinto directamente, para que se resuelva a suerte y verdad. Al no contar con dictamen de comisión, necesitaría contar con los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento. Esto es, 172 diputados, si la Cámara está completa. El Frente para la Victoria y sus aliados -que obviamente expresarán su rechazo- suman 82, o sea que del otro lado quedan 175 diputados. Números muy justos.
Si lo propone, Cambiemos pedirá una votación nominal, cuestión de “contarle las costillas a la oposición”. Para que cada uno diga de qué lado está, tales las palabras escuchadas en las huestes del PRO. En caso de aprobarse, después vendría el debate, que por más corto que sea, alargaría aún más la sesión. El oficialismo debería elegir en qué momento introducir el tema.
Tampoco está previsto en el temario discutir una declaración respecto de la situación en Brasil, que ya oportunamente el macrismo bloqueó cuando quisieron abordar el tema durante la reunión en la que Marcos Peña brindó su informe como jefe de Gabinete. No se descarta que algún sector de la oposición quiera expresarse sobre el particular.
Cuando finalmente se discuta la ley antidespidos -luego de que todo el mundo se saque el gusto de expresarse-, el primer dictamen que será sometido a votación será el del proyecto que cuenta con media sanción del Senado, y al que apoyan el FpV, el bloque Justicialista y la izquierda. Si fuera aprobado, se convertiría en ley, pero no cuenta con el número suficiente. Después vendría el dictamen del oficialismo, que no incluye doble indemnización, y solo alguna asistencia para las pymes, que contará solo con el apoyo de Cambiemos. Y en tercer lugar vendría el del massismo, que en el caso de llegar a esa instancia sería votado hasta por el kirchnerismo, cuestión de que se aprobara alguno.
El tema es que el proyecto del interbloque UNA terminó siendo más problemático para el gobierno, pues además de incluir la doble indemnización retroactiva al mes de abril, tiene ayudas para las pymes por un valor de casi cien millones de pesos, para sumar al gasto público. Y representaría además un triunfo de Sergio Massa, ya en campaña para 2017.
Decidido como está el gobierno a vetar lo que se apruebe y dar con ello una señal de autoridad hacia adentro y hacia afuera, más allá de costos políticos, Mauricio Macri preferiría aplicar el veto al proyecto del Senado, auspiciado por el kirchnerismo. Además, no se prolongaría esta discusión una semana más.
Podría convalidarlo si en lugar de votar en contra, sus diputados se abstuvieran. Esa era la alternativa que ayer se barajaba. Disminuiría además el peso de la derrota: sólo el kirchnerismo celebraría brevemente, hasta el veto.
Y mientras todo esto sucede, el gobierno explora otros caminos para mitigar el impacto de este desenlace, organizando para este miércoles un cónclave de gobernadores para definir el arreglo por el 15% de la coparticipación federal. Y para este jueves tiene previsto la reunión con sindicalistas, para anunciar un nuevo salario mínimo -actualmente en 6.060 pesos- y elevar a unos 3.000 pesos el seguro de desempleo, congelado en 400 pesos desde hace una década. Medidas de acercamiento con gobernadores y sindicalistas, relaciones que el gobierno quiere y necesita aceitar.
