Además, el plan de acción votado por el Congreso exige al gobierno provincial una nueva propuesta no más allá del día miércoles 27. En caso de no contar con la misma, se ejecutará un nuevo paro de 24 horas el día jueves 28 de marzo.
El Congreso pasa a cuarto intermedio no más allá del viernes 29 de marzo.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO TEXTUAL
Ante los sucesivos rechazos a las propuestas salariales y el anuncio de realización de medidas fuerza que ponen en peligro el derecho a aprender, el gobierno provincial solicitará al Poder Judicial la conciliación obligatoria para que se abstengan de realizar paros y se convoque a una audiencia de conciliación, ratificó el incremento del 10% en marzo y el pago de los días trabajados.
“El derecho que peligra es el de aprender”, se indicó desde el gobierno provincial conocida la decisión de Agmer de convocar a una media de fuerza de 48 horas disconforme con la oferta salarial.
Se pone de relieve que “desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa”.
Es en ese marco, que el gobierno pondrá en conocimiento al Poder Judicial que “nuestro derecho de negociar de buena fe, se ha visto vulnerado y conculcado, en medio de una paritaria”. También se señala que se hizo una propuesta “responsable mediante un gran esfuerzo”.
El gobierno hace saber que “ante el agotamiento de las instancias de diálogo informal, tras las propuestas formuladas y ofrecidas en las paritarias, que fueron rechazadas, no cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado de Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria”.
En ese marco, el gobierno ratifica que le abonará el 10% de aumento que había comprometido con los docentes en el marco de las paritarias, a pesar de que la propuesta fue rechazada.
“Vamos a seguir dialogando permanentemente, porque creemos que ese es el camino. Y somos también respetuosos del derecho de huelga, que está consagrado en la Constitución nacional, pero también vamos a hacer valer los derechos y las obligaciones que tenemos como gobierno, con lo cual se van a pagar los días trabajados”.
