“Mientras esté el sector empresarial, los trabajadores, el gobierno provincial y las operadoras siempre estará latente un principio de acuerdo, porque si no hay acuerdo no puede haber paz social”, sostuvo el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar.
En el transcurso de la semana habrá reuniones de trabajo para alcanzar una solución “consensuada”.
El barril de crudo WTI cerró ayer en 31,30 dólares mientas que el Brent, que cotiza en Londres, cotizó a 32,19 dólares. El derrumbe del crudo afecta especialmente a Chubut ya que exporta el 40 por ciento del petróleo que produce. Ante la baja del crudo, la empresa Tecpetrol, que pertenece al grupo Techint, amenazó con levantar equipos de perforación. De esta manera se inició el conflicto en Chubut.
A partir de la decisión empresarial y las medidas de fuerza de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, dictó la conciliación obligatoria.
La provincia pretende que el gobierno de Macri sostenga el barril de exportación en 54,9 dólares, tal cual ocurre con el barril que es comercializado en el mercado interno. Actualmente, el crudo de la cuenca neuquina es comercializado en torno de los 67 dólares por barril, mientras que el más pesado ronda los 54 dólares.
La semana pasada, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, afirmó que para alcanzar una solución, “todos los sectores deberían aportar algo”. En esa ecuación, los trabajadores deberían dejar de cobrar algunas horas extras, las empresas no deberían despedir ningún trabajador, la provincia de Chubut debería resignar una parte de sus regalías, y el gobierno nacional realizar el aporte de 500 millones de pesos, aproximadamente.
Más allá del reclamo de un precio sostén para el crudo de exportación, existe un cuestionamiento a la decisión de transferir recursos a las provincias más ricas del país, en detrimento de las jurisdicciones de la Patagonia. Este reclamo engloba la reciente modificación de la alícuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y la enorme transferencia de recursos producto de la devaluación para las provincias sojeras que concentran el 90 por ciento de la producción (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba).
