Al mencionar el comentario efectuado en plena sesión, la reacción de los ediles fue dispar. Algunos, como Martín Santana pidieron saber el nombre del funcionario en cuestión, pedido al que Giampaolo no accedió. Otros como Rubén Dri (Peronismo Federal) reivindicaron el trabajo del Concejo al tratar temas como el nombramiento del juez laboral suplente Julián Quevedo, debate realizado la semana pasada.
En tanto, Mireya López Bernis (Peronismo Federal) sostuvo que la opinión está en consonancia con la actitud del Ejecutivo que “ningunea” permanentemente al Concejo. A su vez, su compañera de banca, Beatriz Duarte, se indignó debido a la tarea que lleva adelante en la parte social, recordando que en el invierno pasado debió asistir a la madre de un chico con problemas de discapacidad que había recibido una frazada de la secretaría de salud cuya tela se abría sola.
Párrafo aparte fue el comentario de Daniel Cedro (PJ) quien defendió la tarea de colocar nombres a las calles. En realidad, no se trata de una tarea insignificante ya que en ocasiones sobrelleva una carga ideológica insoslayable. Sobretodo cuando se reemplaza el nombre del genocida “Julio Argentino Roca” por el de “Pueblos Originarios”, realizando un acto de justicia histórica con las comunidades indígenas.
Luego de un cuarto intermedio, el tema desapareció del recinto y los concejales siguieron con el orden del día. No obstante, Giampaolo indicó luego de la sesión que el comentario revela una corriente de pensamiento respecto de los poderes deliberativos que sigue vigente desde los años de la dictadura (en realidad el Congreso estuvo cerrado en esos años) y del menemismo. “Se pretendía que los legislativos nacionales y provinciales sean meras escribanías del poder Ejecutivo donde se manden las cosas ya realizadas para encontrar una aprobación rápida y expeditiva”, reflexionó.
No obstante, la reflexión sobre el papel que algún funcionario del Ejecutivo tiene reservada respecto del Concejo también se demuestra implícitamente en los pedidos de informes aprobados que no reciben contestación o los proyectos de ordenanza que son vetados o no son llevados a la práctica. En esa disyuntiva, el presidente del cuerpo no cerró filas en torno a la actuación de sus pares y buscó las razones de que duerman en algún cajón de la intendencia en problemas derivados de la elaboración de los proyectos.
“Hay que distinguir entre los proyectos. Hay algunos que son complejos de llevar a cabo y hay otros que han tenido muy buena acogida y se han convertido en ordenanzas como el convenio con la Policía que está colaborando con el ordenamiento del tránsito”, razonó Giampaolo.
