El Ejecutivo de Paraná remitió al cuerpo deliberativo un texto que impulsa la prohibición en el Ejido municipal la habilitación de cabarets, whiskerías o locales similares, ante la denuncia del Foro de la “proliferación de prostíbulos camuflados” bajo esos rótulos y la preocupación manifiesta de ser “lugares propicios para la trata y explotación de mujeres y niños”. En la misma línea, se inscribe la iniciativa de Gabriel Molina (PJ).
Ambas propuestas comparten la acción de prohibir la habilitación de cabarets o whiskerías y en general todas las casas o locales que bajo cualquier forma o denominación, con acceso abierto o restringido, permita que sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros.
La presentación de las iniciativas responde a un pedido realizado meses atrás por el Foro de Infancia Robada, quien en una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, exigió a los ediles concretar un instrumento legal que evite la violación a las leyes que penan el funcionamiento de prostíbulos y combaten el proxenetismo y redes de trata de personas. Asimismo, establecen que aquellos comercios que cumplan con esas características caducarán en el plazo de un año, una vez publicada la ordenanza.
De los 82 locales que, según trascendió, funcionan bajo estos tipos de denominaciones en la provincia, 41 están ubicados sobre rutas nacionales o provinciales, es decir, fuera del ejido de los municipios.
También desde la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, se emitió un instructivo en el que advierte que el “incumplimiento” de las normas sobre el tema provoca “severos inconvenientes para la investigación” de este delito, pero además deja constancia de que “los prostíbulos, prohibidos por ley, funcionan bajo nombres eufemísticos y son lugar de destino por excelencia de las víctimas”.
Molina añade en su proyecto el realizar un relevamiento de los comercios que ejerzan este tipo de actividad o de otros que, con nombres ficticios, encubran estas prácticas. En tanto, locales habilitados bajo cualquier otro rubro, donde se constate que se ejerce la prostitución o la explotación sexual, serán automáticamente clausurados.
Su iniciativa también propone la creación en el ámbito de la Agencia de la Mujer y la Juventud, el Programa de Prevención, Asistencia y Protección de la trata de Personas de Prevención.
Frente a una auténtica “ley del silencio” impuesta en la sociedad, que muchas veces no quiere ver este delito, u opta por desligarse de la obligación moral de denunciarlo, y otras tantas veces son cómplices al consumir lo que ofrece el tercer negocio más rentable del mundo (detrás de las drogas y las armas), que desde el sector oficial se den indicios de compromiso para erradicar este vil comercio, vale ser apreciado. No obstante, debe ser un real convencimiento en pos de avanzar en la lucha contra la trata, y estos proyectos ameritan su pronta sanción y promulgación, para que la capital entrerriana sea, detrás de Gualeguaychú, una de las pocas ciudades en la provincia que se dé una norma al respecto.
Párrafo aparte merecen los avisos clasificados. Los anuncios en los medios de comunicación que ofrecen trabajo en lugares alejados, o de dudosos y hasta anónimos empleadores, contribuyen a la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes y niños, como uno de los métodos de captación más utilizados en este aberrante negocio. Avisos que adquieren cierta legitimidad al ser publicados; y a los que se suman los que ofrecen servicios sexuales, que en ocasiones encubren este mismo delito.
En Córdoba se avanzó en este sentido. La diputada Silvia Rivero presentó un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo a no otorgar pauta publicitaria oficial a aquellos medios de comunicación regionales, provinciales y nacionales que publiciten y/o publiquen avisos que promuevan el consumo de prostitución en cualquiera de sus formas. “El Estado, en su rol regulador, debe abstenerse de sostener un doble discurso, comprometiendo su esfuerzo en la prevención y contención de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a la vez otorgando beneficios económicos a quienes publican avisos y publicidad de cuyo contenido se desprenda la concepción de la mujer como un objeto de uso cuyo cuerpo es una mercancía factible de ser comprada y vendida”, aseguró.
La legisladora incluyó también a la publicidad que a través de servicios telefónicos (0-600) y los mensajes de texto “promueven avisos sexuales”. Pero la propuesta genera tantas resistencias como ganancias: cuando en otras secciones de los medios se suele denunciar la problemática de la trata de mujeres para explotación sexual, al mismo tiempo muchos publicitan estos servicios -ya sean explícitos o bajo ofertas laborales engañosas-.
En Santa Fe, en tanto, la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que reprime la publicación de avisos clasificados que promuevan la trata de personas y el proxenetismo, elaborado por los diputados Antonio Riestra y Santiago Mascheroni. El artículo segundo del texto asigna una categórica negativa al Estado a asignar y contratar publicidad oficial “con aquellos medios o empresas periodísticas o de comunicación, periodistas y servicios o agencias de publicidad, ya sean gráficos, radiales, televisivos, portales informáticos o por cualquier otro medio, que publiciten o difundan avisos en los que directa o indirectamente se promueva la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenetismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución.” Una iniciativa similar estudia el Concejo Municipal santafesino, donde se convocará a representantes de los medios masivos de comunicación “para regular la publicación de ofrecimientos laborales remunerados a mujeres para desempeñarse como bailarinas y/o acompañantes en whiskerías, cabaret o similares que se configuran como claros señuelos d
