La intención del bloque justicialista será solicitar un dictamen a la dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad para que se expida. El recurso apunta a poner como ejemplo la causa del intendente Juan Carlos Cresto, quien asumió en 2003 procesado por diferentes delitos debido a que el Superior Tribunal de Justicia dictaminó que el Pacto de San José de Costa Rica permite seguir en la función pública por aplicación del principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme en contra.
A fines de diciembre pasado, trascendió que el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, dictó el procesamiento de Zubillaga y Galli. Ambos fueron denunciados por Rodolfo Mahler, ex funcionario de Orduna, por cobrar planes destinados a desocupados luego de asumir como concejales. La resolución también establece un embargo de bienes por $1000 a cada uno de los procesados.
Consultado sobre su postura ante el caso, Wdowiak señaló que la ley Nº 3001 es explicita la respecto. “En caso de estar procesados, art. 80º inc. 4º, deben cesar ‘ipso facto’ en su funciones. Pero de lo que surge de los artículos 82º y 84º, inc. 7º, entiendo que, previo al cese de sus funciones, debe expedirse el cuerpo y exonerarlos”, dijo.
Pero no desconoció que existe una norma superior, como el Pacto de San José, que modifica los alcance de los artículos contenidos en la Ley Nº 3001. “Desde el punto de vista jurídico, ambos se ven favorecidos y por lo tanto continuarían ejerciendo sus funciones hasta tanto exista una sentencia firme”, indicó.
Otros concejales sustentan posturas diferentes. Para Ricardo Larocca (UCR) los concejales ya se encuentran fuera del Concejo Deliberante por aplicación de la norma citada más arriba contenida en la ley Nº 3001 que establece el cese “ipso facto”. En cambio, la compañera de banca de Zubillaga, Gladis Tribulati (quien hace más de un año que no intercambia palabras) pidió al “Pato” que se tome una licencia hasta que se aclare su situación.
Transferencia de partidas
El segundo tema que será tratado en el Concejo será una transferencia de partidas en el presupuesto del actual ejercicio. La modificación se debe a que el dinero prestado por el Fideicomiso Banco Nación S.A. ingresó al municipio en noviembre del año pasado, y la maquinaria a la que estaban destinados esos recursos fue adquirida en los primeros días de enero.
En consecuencia, el gasto previsto para el corriente año aumentará en $ 2.859.000. El crédito fue de $ 5.000.000, de los cuales $ 300.000 fueron utilizados el año pasado, y la diferencia, que ronda el $ 1.800.000, ya había sido incluida con anterioridad en el presupuesto de este año.
