De esta forma, el IAPV debe abonar por cuatro años cuotas de $ 100.000 debido a la deuda por tasas inmobiliarias de viviendas construidas por el Instituto del período 95-99 que la gestión de Orduna reclamó en los estrados judiciales en forma exitosa. Esta financiación, que no contempla el pago de intereses ya fue un elemento polémico. El concejal Ricardo Larocca abrió el debate haciendo hincapié en este punto. “La deuda a mayo de este año por ese juicio ascendía a $ 3.800.000. La sentencia que condenó al IAPV establece que al capital se le deben adicionar los intereses. En este convenio no se ha establecido un interés por la financiación. El municipio no tiene porque resignar el cobro de ningún peso. Se esta estableciendo un perjuicio para el erario público” dijo.
El edil radical puso como ejemplo que en los convenios que el municipio firmó con el Iosper y la Caja de Jubilaciones por montos que adeuda la comuna se establece una tasa por el financiamiento. “Esos organismos no resignan el cobro de ningún interés porque hace al cuidado de su patrimonio. En este convenio no se ve ese cuidado”.
Pero el epicentro de la polémica fue la condonación por el mismo concepto de las tasas correspondientes al período que abarca desde el 2000 hasta la actualidad. En la cláusula tercera del convenio se establece que el municipio deberá enviar una ordenanza donde se establece la condonación de las tasas devengadas pero no incluidas en el reclamo. “La Justicia ha reconocido el derecho de cobrar la tasa. Existe un aval jurídico. En el futuro, si el municipio resigna el cobro de la tasa, los funcionarios incurrirán en una omisión de los deberes de funcionarios públicos” advirtió el edil.
Por su parte, el concejal Roberto Chabrillón, adelantando su voto favorable, señaló que hay necesidad de viviendas cuya construcción “podría ser postergada por el IAPV en caso de exigirse el cumplimiento de la resolución judicial. Otra es que se solicita la intervención del gobernador, como hijo de Concordia, para que la misma generosidad para condonar tasas e interés se lo solicite al Iosper y a la Caja de Jubilaciones para que consideren con el mismo criterio la deuda que mantiene la municipalidad con estos organismos”.
Ricardo Zubillaga, concejal del Nuevo Espacio, manifestó su rechazo al convenio. “ Que les parece que diría la comunidad si en pocos minutos de sesión se han perdido casi $ 5.000.000. Ese monto representa 3.333.333 raciones balanceadas de $ 1,50 cada una para alimentar a los niños desnutridos de Concordia” señaló Zubillaga.
Marcos Wdowiak (Todo por Concordia) señaló que la condonación “viola el artículo 16 º de la Constitución Nacional. Además, el Iapv plantea que el cobro de la tasa es un desfinanciamiento porque lo deja sin fondos para construir viviendas pero tampoco se ha encargado de proceder al recupero de lo que ha invertido para erigir viviendas”. De esta manera adelantaba su voto negativo al convenio.
Gladis Tribulatti (Nuevo Espacio) también rechazó la ratificación al convenio. “Este cuerpo ha tomado la decisión de no condonar un centavo por lo tanto no veo porque debemos condonar al IAPV” dijo.
El oficialismo señaló su adhesión al convenio basándose en un argumento que repitieron casi en forma esquemática: que el cobro de la tasa iba a mermar la posibilidad de construir viviendas en Concordia. Rubén Ferrera (PJ) dijo que hay que tener “en cuenta a la gente que no tiene viviendas hoy. Concordia necesita viviendas. El anuncio del gobernador consistente en construir 100 viviendas por año, lo que significa $ 10.000.000 para la ciudad junto con el movimiento de trabajo que esta genera”. “El bloque del justicialismo no va a ser responsable de que muchas familias no obtengan viviendas en el futuro” añadió.
Roberto Gonzalez (PJ) señaló al juicio como una “maniobra judicial” que puede llegar a “fundir al IAPV” porque se sentaría un precedente para que los demás municipios accionen en forma similar. Mireya Lopez Bernis (PJ), por su parte, dijo que “Orduna se debió valer de ciertos artilugios para lograr la supervivencia de este municipio. La letra fría de la ley a veces no se condice con los hechos”. “El bloque justicialista hoy vota por las viviendas” añadió.
La oposición también reiteró en varias oportunidades que estaban a favor de la construcción de las viviendas pero que no se debía desviar el eje de la cuestión que es el perdón de tasas e intereses. Finalmente se pasó a votación nominal y el justicialismo levantó las manos a las que se sumó la de Chabrillón con la cual se llegó a los siete votos, suficientes para aprobar el convenio. Pero la Ley 3001 establece que se requiere mayoría especial para tratar cuestiones que hacen al patrimonio del municipio, por lo que se hubieran requerido 8 votos. La duda quedó flotando en el aire.