Otro rubro que se reforzó fue el de erogaciones corrientes, donde básicamente entran subsidios y la ayuda social. “Tal es así que las áreas beneficiarias serían Gobierno y Salud”, expresó.
No hubo unanimidad a la hora de aprobar las modificaciones. La oposición dejó en claro su postura contraria y la sostuvo hasta el final. Pero el último tramo del debate fue lamentable. Todo comenzó cuando el concejal Roberto Chabrillón (Todo Por Concordia) le recomendó a Santana -quien estaba visiblemente nervioso porque entendía que la oposición es «malintencionada», no participa de las comisiones y se cubre detrás del desconocimiento para oponerse- que se tomase un “lexotanil” para “bajar los decibeles”.
Inmediatamente la concejal Mónica Galli aseguró que era una falta de respeto que Chabrillón recete medicamentos y, para no ser menos, recomendó que varios concejales deberían tomar “varias pastillitas” sin hacer mención a ninguna en especial. No hacía falta, todos habían entendido la intención maliciosa del comentario.
Larocca negó haber faltado a las comisiones. “En estas comisiones se estuvo presente. Ocurre que el tratamiento del oficialismo lo hace de una forma irrespetuosa y el perjudicado es el contribuyente. El manejo público del dinero carece de transparencia”, dijo. Luego expresó que uno de los cuestionamientos era más bien de forma. “El Ejecutivo había omitido llevar el proyecto de ordenanza por el cual el bloque oficialista lo redactó sobre tablas”, dijo Larocca.
Pero, de fondo, sostuvo que los ediles oficialistas “son obsecuentes hacia el Ejecutivo” y “no saben lo que aprobaron”, y agregó que “no se sabe a que partida en especial se benefician”. En realidad, en el expediente tratado se especifica de qué partidas –individualizadas por números- se saca el dinero y adonde se lo envía.
Larocca también expresó que se le recortaron $ 500.000 a Trabajos Públicos. “Había que preguntarse que Trabajos Públicos se van a dejar de hacer. Inclusive se han reducido ‘bienes preexistentes’ (bienes que se desafectan del patrimonio del Estado) en $ 70.000. Pero no se sabe de que bienes se trata”.
