“Ninguna persona puede quedar obligada a control municipal alguno para la celebración de un contrato de locación”. Así lo consigna el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos mediante una nota dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot y a los ediles de los distintos bloques, con relación al proyecto de creación de la Defensoría del Inquilino en el marco de la Defensoría del Pueblo de Paraná.
“Para el ejercicio de la defensa de los intereses de cualquier ciudadano, sea este inquilino o no, no se requiere la creación de una oficina específica, basta con que el Defensor del Pueblo de la ciudad o de la Provincia ejerza las funciones para las cuales ya está investido”, indica el texto al que accedió esta Agencia.
“El presidente municipal, Sergio Varisco, así como el Secretario de Legal y Técnica, Walter Rolandelli y el titular de Fiscalía Municipal, Francisco Avero, también fueron notificados” de estas consideraciones del colegio profesional.
“La pretensión de crear, mediante una norma local, un sistema de control preliminar obligatorio a cargo del municipio, como requisito indispensable para poder concretar la locación de un inmueble, es lisa y llanamente inconstitucional –indica la nota- pues se desplaza la obligación y la responsabilidad civil hacia quien debe llevar a cabo tal función, el propietario y/o el Corredor Publico Inmobiliario, y ello no está contemplado en el Código Civil Argentino, de modo que el planteo en tal sentido es inapropiado y va a contramano de la legislación argentina”
Para los corredores inmobiliarios, “ello vulnera el principio de libertad de contratación pues quien alquila puede o no contratar a un tercero idóneo en la materia para que revise el inmueble y se expida al respecto y en definitiva ninguna de las partes está obligada a aceptar la opinión municipal, en una relación contractual privada”.
• Municipio y funciones judiciales.
Por otra parte, el Colegio en la nota enviada a las autoridades, sostuvo que es “jurídicamente imposible que las oficinas municipales puedan crear dependencias a cargo del contralor y verificación de cumplimiento de las normas sobre locaciones establecidas en el Código Civil que regula la relación entre privados, dado que el estado Municipal no cumple funciones judiciales. Para ello están las instituciones ya creadas en nuestro sistema legal y procesal vigente, desde la mediación hasta el reclamo judicial pertinente, y en cuanto a asesoramiento legal del inquilino éste puede acudir a la defensoría judicial de oficio del Poder Judicial, al Colegio Público de Abogados, a la Dirección de Defensa del Consumidor, a la defensoría del Pueblo de Paraná o de la Provincia, e inclusive a la mediación de este Colegio y los diferentes mecanismos de solución amigable de controversia”.
El colegio profesional advirtió además que a su entender la propuesta de creación de la referida oficina es de “sesgo intervencionista” y que “provocará ciertamente un profundo y grave retroceso en materia de alquileres, y ocasionará que los propietarios retiren sus inmuebles de la oferta locativa, incidiendo categóricamente en un mercado ya altamente castigado como lo es el inmobiliario, perjudicando a los inquilinos a los que presuntamente se quiere beneficiar privándolos de elegir la vivienda que más convenga en precios y comodidades como hoy sucede gracias a la amplia oferta de viviendas, impactando además en las fuentes de trabajo que aportan los profesionales del sector y amenazando su subsistencia”.
• "Un problema de la política de Estado".-
En otro orden la entidad, según el texto al que accedió esta Agencia, sostuvo que el problema de viviendas “es en realidad un problema de la política de Estado sobre el particular, que no ha cumplido hasta la fecha con los objetivos de cubrir las necesidades de acceso a una vivienda digna pese a una inédita presión impositiva. Este problema no debe ser trasladado al tercero propietario, sino solucionado con verdaderas políticas de promoción y acceso a la vivienda, por ejemplo con medidas de instauración de líneas de créditos con tasas accesibles, disminución de costos, desgravaciones o incentivos a la construcción de viviendas, todo en el marco de inflación de un dígito para que ello sea posible, tal como lo es el exitoso plan PROCREAR, instalado por el estado y que es una medida en el buen camino para resolver los problemas de vivienda".
