Según el convenio y el acta acuerdo, los arquitectos interesados debían realizar una serie de proyectos de escuelas que la mencionada Dirección no podía abarcar, debido a la gran cantidad de obras a llevar a cabo en relación con la estructura de la repartición. Desde el Colegio, además, consignaron que las tareas serían pagadas a cada profesional interviniente, según el monto de obra que cada trabajo representara.
En esas condiciones, 72 profesionales de toda la provincia realizaron y se encuentran realizando los mencionados proyectos, con los cuales la Dirección de Arquitectura debe llamar a licitación para la ejecución de las obras.
De las 115 escuelas encomendadas han sido aprobados 61 trabajos por la Dirección, algunos se han licitado y otros se encuentran en obra, mientras que el resto está en evaluación. “El monto a cobrar por honorarios profesionales de los 61 trabajos aprobados es de 179.650,45 pesos”, precisó el Colegio.
DEMANDA.
El reclamo de la institución es porque “a casi un año de haberse finalizado las tareas profesionales ninguno de los arquitectos actuantes ha percibido el honorario pactado, a pesar de que en las órdenes de trabajo dice: Forma de pago: contra prestación de factura al momento de la aprobación del trabajo por la D.A.y C.; dicha aprobación no deberá superar los siete días a partir de la entrega de la documentación”.
Para agilizar el pago de los honorarios, el Colegio gestionó y realizó numerosas reuniones con el secretario de Obras Públicas, Juan José Moreno; con el Director de Arquitectura y Construcciones, Alejandro Renaud; con el área de Legal y Técnica de la Secretaría y del Ministerio de Gobierno.
Ante el incumplimiento de lo pactado, también gestionaron audiencias en reiteradas oportunidades con el ministro de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Sergio Urribarri, y con el Gobernador, pero “no fueron otorgadas”.
A pesar de las dificultades para cobrar los trabajos realizados, desde el Colegio se informó que es intención seguir trabajando junto al gobierno “ya que somos conscientes de la grave crisis que esta atravesó, de la cual seguimos sintiendo las consecuencias, y sabemos que es responsabilidad de todos, gobierno, entidades intermedias y la comunidad en general, trabajar en la reconstrucción de nuestra provincia”. No obstante, acotaron que tal disposición existe, “respetando siempre el marco legal y los acuerdos suscriptos, para que de esa manera, los beneficiados puedan ser todos los entrerrianos, sin perjudicar a ningún sector”.
