«Cabe destacar que este Colegio ha tenido siempre una visión contemplativa y respetuosa de las distintas manifestaciones, reclamos y postulaciones gremiales del sector, inclusive acompañando en ocasiones posturas que entendimos, resultaban de absoluta ingerencia conjunta», señala la misiva y agrega: «es cierto que en el caso en particular se trata de una actividad con características especiales y absolutamente diferentes al resto de la administración pública provincial, motivo por el cual merece una mayor y mejor atención por parte de las respectivas autoridades»
En efecto, «detrás de cada expediente judicial en trámite existe una expectativa personal, familiar, económica, en definitiva, de indudable contenido social y es por ello que la demora en su solución –aun justificada-, perjudica y lesiona aquel derecho que el ciudadano pone en manos de la justicia,* y no al revés, porque justamente lo que debe caracterizarnos como sociedad democrática es no dejarnos tentar por ejercer el derecho por nuestras propias manos, aun cuando pensemos que no nos queda otra alternativa», sostienen.
Y añaden: «Como abogados, entendemos y asumimos que debemos bregar incansablemente por la búsqueda permanente de un servicio de justicia oportuno, eficaz, equitativo e igualitario, de lo contrario, habremos claudicado nuestra incumbencia y responsabilidad profesional en perjuicio de quienes nos han confiado aquellas expectativas»
«Resulta innegable que la pandemia ha afectado a todas y cada una de las actividades y en mayor o menor medida todos hemos experimentado consecuencias imprevisibles y disvaliosas»
«Es por eso que las actuales circunstancias nos exigen una mayor responsabilidad y solidaridad a la hora de postular nuestra queja; Observemos un poco a nuestro alrededor y comparemos realidades, es una buena forma de saber quienes han sido mas afectados».
«En consecuencia, nuestro pedido va dirigido a todos los actores del sistema judicial, a los empleados que trabajan con ahínco y compromiso tanto funcional como social y también va dirigido a los funcionarios que tienen la responsabilidad de procurar las respectivas condiciones de trabajo para que aquello pueda materializarse».
«A todos ellos los exhortamos a arbitrar todas y cada una de las medidas que resulten necesarias para que en definitiva se garantice el servicio de justicia a toda la comunidad», concluyen.
