“Frente a esos actos que afectan la sustentabilidad del Estado de Derecho, generan y potencian situaciones de violencia social, conmoción y generalizado desconcierto; nos asumimos como actores responsables en la tarea de contribuir a preservar, procurar y defender el ejercicio de los derechos y garantías rectoras, así como el acceso universal, oportuno y eficaz a la Justicia”.
“Entendemos que tanto las entidades públicas como otras Instituciones involucradas con la defensa de las garantías consagradas, tenemos un compromiso insoslayable con la comunidad, que se expresa en nuestra labor cotidiana apegada al Derecho, sólidamente fundada, honesta y responsable”.
“Comprendemos que en estos momentos en que la sociedad se siente afligida por la inseguridad y la violencia con que se ejercen algunos hechos, nuestra mayor contribución, indudablemente, tiene que ver con el mantenimiento de la confianza pública en la vigencia de la ley, los procedimientos y los organismos previstos para asegurar su aplicación.”
