En tanto, desde el CICS también se aguarda que el Ejecutivo provincial, mediante un decreto, conforme el Consejo de Comercio Interior. Este órgano gubernamental, previsto en la Ley Nº 9393, debería reglamentar la instalación de los establecimientos de grandes superficies. Pérsigo sostuvo que en los próximos días el decreto “va a estar vigente”. No obstante, hay que tener en cuenta que la ley fue sancionada hace varios años pero hasta el momento no fue reglamentada.
El decreto que el CICS aguarda que sea incluido en el boletín oficial también debería incluir una suspensión de 180 días para la radicación de comercios de grandes superficies. El secretario del CICS señaló que los distintos municipios esperan la decisión del gobierno provincial. “El decreto respaldaría una ordenanza posterior de los Concejos Deliberantes. Sería para ellos un respaldo y no hacer algo que solamente sea una iniciativa municipal”, señaló Pérsigo.
No sólo en Concordia se solicitó la suspensión de la apertura de supermercados o hipermercados. En otras ciudades como Federación, San José, Colón, Gualeguaychú, María Grande han surgido iniciativas similares. “Es una onda provincial”, confirmó el secretario del CICS.
Por su parte, Carlos Lazbal, secretario de la Unión de Entidades Pymes de Entre Ríos, señaló que hay un problema de fondo: “tratar de revertir los efectos negativos de una decisión política que se tomó en la década del 90”. Durante la década menemista, en Argentina se produjo un proceso de desregulación económica feroz. “Luego de 15 años los mismos estudios dicen que todo el comercio minorista están en un 70 % en manos monopólicas- extranjeras y el 30 % está al borde de la desaparición, del trabajo en negro, de evasión impositiva”, indicó.
En consecuencia, desde la Unión pretenden revertir ese proceso. “El desafío que le hemos planteado a la provincia de Entre Ríos es si eso se puede lograr. Nosotros decimos que si hubo una decisión política para el vale todo, es posible una decisión política para que no desaparezca o pueda crecer el 30 % del comercio restante”, sostuvo Lazbal.
Un papel importante en el planteo que realizan los centros comerciales de las distintas lo encarna la ley Nº 9393 pero no está reglamentada. “Como no es operativa, los municipios no han adherido”, sostuvo Lazbal. “Entonces los efectos regulatorios de la ley no son reales”, añadió.
No obstante, el secretario de la entidad intermedia de alcance provincial señaló que “por más ley regulatoria que exista esta política de concentración no se puede parar”. “Si la ley dice 300 (m³), le ponen 299 (m³) y se instalan igual. No es un problema de superficie”, señaló. Por ende, la única garantía para frenar el proceso sería el surgimiento de voluntad política favorable. “No es un problema legal o jurídico: es un problema político”, señaló Lazbal.
Por último, señaló que la intención de las entidades no es procurar la “desaparición de los hiper, los super y las cadenas”. El planteo en realidad es que el Estado resguarde el futuro del 30 % del comercio minorista. “O vamos a estar condenados en los extremos de la marginación; no pudiendo competir”, indicó. Asimismo, señaló que si el comercio queda en manos de las cadenas mencionadas, “el producto de este comercio las cadenas lo ponen en los camiones de Juncadella y se lo llevan a su país de origen”.
