El documento oficial dirigido a las autoridades educativas jurisdiccionales indica que “todos somos garantes y responsables de implementar y sostener las políticas educativas y socioeconómicas que garanticen las condiciones para la universalización de la escolaridad secundaria”.
A través de la circular Nº 5 del 15 de marzo, que firmó la titular del área, Graciela Bar, junto a las vocales políticas, el organismo instó a los establecimientos educativos a que “los alumnos que repiten deben ser aceptados, si dispusieran de bancos al momento de la reinscripción, para que todos podamos garantizar el derecho social a la educación secundaria de los adolescentes y jóvenes de Entre Ríos”.
Así, recuerda que a partir de este año es obligatoria la escuela secundaria en toda su extensión, y a ese respecto plantea que “debemos pensar una escuela secundaria garante del derecho social a la educación, que incluya y contenga dando cuenta de la realidad socio-cultural de los sujetos de derecho que están involucrados”.
La respuesta sindical no se hizo esperar luego de conocido ese documento. La vocal gremial en el CGE, Susana Cogno, resaltó que “es pertinente considerar que el Estado es el primer garante del derecho social y político a la educación. Este concepto es fundante del Estado de Derecho y la única posibilidad de concreción de la justicia social”. Y remarcó: “La escuela no es garante, no puede serlo porque no tiene los medios”.
Y negó que la escuela ejerza actos discriminatorios contra sus propios alumnos. “La escuela pública entrerriana es la institución donde la discriminación no tiene lugar, porque la escuela es y debe ser inclusiva, igualitaria y formadora de ciudadanía en el respeto a la pluralidad y las diferencias. Todas las instituciones públicas deben respetar el derecho a la escolaridad obligatoria, generando prácticas pedagógicas que construyan conocimientos liberadores”, apuntó Cogno.
En el marco del cambio de paradigma en el nivel secundario, que este año se aplica en un grupo de 45 escuelas “muestrales” de la órbita pública, Educación ya había propuesto durante 2009 a las instituciones educativas que eviten prácticas pedagógicas tradicionales que suponen la toma de exámenes que se convierten en un filtro para los alumnos.
Pero el avance por ese camino cosecha críticas desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Al respecto, Sergio Peralta, vocal del Jurado de Concursos de Secundaria, en representación sindical, dijo a través deun dcoumento publicado esta semana por DIARIOJUNIO que la reforma “que se implementa presenta marchas y contramarchas, grandes anuncios y lentas respuestas”.
Precisamente, Agmer hizo conocer su postura respecto a la transformación del nivel secundario y aseveró a través de un documento público que “deben establecerse criterios justos que contengan a todos los sujetos sociales que participan del proceso de cambio y fundamentalmente en lo referente a la enseñanza-aprendizaje, garantizando el acceso, la permanencia y el egreso con una formación integral en saberes y no en servicios, que asegure a toda la matrícula tener una formación sólida y propedéutica”. Aunque Educación ha venido avanzando aún en medio de esas críticas.
El CGE planteó que “la aplicación de sanciones requiere tener en cuenta dos criterios generales fundamentales: gradualidad. La sanción no puede aplicarse sin procesos previos de advertencia, llamados a la reflexión, siguiendo un proceso creciente en la importancia de la sanción. No parece conveniente que la primera respuesta de una institución educativa sea aplicar una sanción grave. Es importante recordar que el objetivo principal de las normas es educativo”.
El otro principio que postula es el de la proporcionalidad. “Un principio general de justicia es que la sanción tenga relación con la transgresión. Por otra parte, es preciso además categorizar las transgresiones en leves, graves y muy graves para la intervención del docente, el director y/o el consejo de convivencia según corresponda, considerando los criterios de proporcionalidad y gradualidad”, dice la nueva normativa.
