Según informa El Diario, el pasado 10 de junio, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Oreste Felipe Ascúa, firmó la resolución número 1.296 por la que se creó un mecanismo que tendía a facilitar la integración a escuelas comunes de chicos con necesidades educativas especiales. Básicamente, esa norma autorizaba a las instituciones educativas a modificar el “ratio”, o sea la proporción mínima entre cantidad de alumnos por docente— sin que por ello la escuela perdiese categoría. El piso mínimo de alumnos es hoy de 18; por debajo de ese número, se tiende siempre a fusionar más de un grado, y luego deriva en la baja de categoría de la institución.
Pero el CGE estableció que en aquellas secciones de Educación General Básica (EGB) en las que se detecten situaciones de alumnos con “necesidades educativas especiales” se podrá funcionar con una matrícula acorde a las necesidades del grupo. Así se fijó que la “ratio” en esos establecimientos educativos “no podrá ser inferior a 10 y no mayor de 18 alumnos”. Así sucedió, por ejemplo, con el jardín de la Escuela Tabaré: su directora, Adela Ramírez, “cortó” la inscripción cuando se llegó a los 10 alumnos de modo de poder integrar a un chico autista.
En el nuevo marco normativo, estableció los pasos a seguir por la escuela, y fijó no sólo la necesidad de establecer una “matrícula acorde” sino también autorizó a las escuelas a realizar las “adaptaciones curriculares necesarias” de modo de facilitar la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. Al fundamentar esa determinación, el CGE observó que “la escuela común debe afrontar cotidianamente situaciones que requieren condiciones especiales para garantizar el acceso al conocimiento, tales como condiciones edilicias, material didáctico, cargos necesarios en las instituciones y una ratio acorde a las diversas situaciones que se plantean”.
GIRO DE 180º
Menos de dos meses después, el 2 del actual, el titular del CGE cambió radicalmente de opinión sobre el mismo asunto, y dejó sin efecto aquella resolución por cuanto, entendió Ascúa, “se considera que lo dispuesto no condice plenamente con el concepto de escuela inclusiva, sostenido por la política educativa de la provincia”. Así quedó establecido en la resolución 1.948 que, con un apretado puñado de argumentos volvió a fojas cero en materia de integración en escuelas comunes de alumnos con necesidades educativas especiales.
Sin ese amparo normativo que habilitaba a las escuelas a reducir matrícula, las instituciones se enfrentan a un doble riesgo: por un lado, a no poder dar contención ni atención efectiva a los chicos que hayan podido integrar, y además, si deciden continuar per se con una “ratio” menor a la usual, a la posibilidad de que se les baje de categoría. Uno de los elementos que se utilizan para la categorización de establecimientos es el número de alumnos, y de eso depende el rango que tenga, el número de cargos que le autoricen y el nivel salarial del personal directivo.
ARCHIVO
La investigación especial de DIARIO JUNIO especificaba que “si bien el 84% de las escuelas concordienses integran chicos con necesidades especiales, solo el 14 % tienen acompañamiento profesional, y solo el 34 % de ese porcentaje está garantizado por el estado. De esa escuelas que integran a estos chicos, el 12 % tienen en sus instalaciones alguna adaptación especial, y sólo el 30 % de estos establecimientos cubre el acompañamiento educativo específico a través de la maestra orientadora integradora y una atención aislada y casi inexistente del “Servicio Acompañamiento Interdisciplinario Educativo”, único gabinete especializado estatal “que debe cubrir la atención de la totalidad de las escuelas”.
Remarcando también que son muchos los chicos con discapacidad que hay en los barrios concordienses, y que varios no están registrados, no reciben ningún tipo de tratamientos y finalmente su propia familia lo termina ocultando. “No hay estadística seria, a conciencia, ni tampoco un entrecruzamiento de datos con los distintos centros de salud” asevero Cristina Yañez, directora de Discapacidad y Mayores Adultos del municipio.
Un relevamiento realizado por maestras agrupadas en AGMER, en 47 establecimientos educacionales estatales, muestra que el 84% de las escuelas integran alumnos con necesidades especiales, obligadas por la Ley Federal de Educación. Solo el 14% de estos chicos tienen acompañamiento profesional especializado, pero de ese porcentaje, el 66% esta a cargo de la propia familia, el 34% restante lo garantiza el estado. “esto muestra que el estado provincial no tiene una política de discapacidad”, sostuvo Stella Maris Rivero, titular de AGMER. “Nosotros desde el municipio acompañamos a través muchos servicios, el abordaje es directo, a partir de un pedido directo. Partimos como objetivo la rehabilitación, pero siempre se encuentra que hay que solucionar otros problemas, como la pobreza, es doblemente preocupante, falta un montón, falta muchísimo, en lo social siempre va a faltar por el gran problema de la pobreza”, sostuvo Cristina Yañez.
