La medida trascendió ayer de fuentes inobjetables del organismo que, además, indicaron que la medida se tomó luego de considerar que “los afectados, en cuanto al número de docentes, no es tan importante y no creemos que vaya a afectar el proceso de refuncionalización de las Escuelas Intermedias, que pensamos tener listo para el mes de octubre”.
La decisión viene así a satisfacer un reclamo que había hecho público con más énfasis la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y, según indicaron desde el CGE, muestra que “aún sin la asunción del nuevo presidente (tras la renuncia de José Turriani, el Gobierno designó en su reemplazo al radical Felipe Ascúa, que todavía no ocupó su lugar) acá se sigue trabajando porque se trata de un cuerpo colegiado. De todos modos, nos manejamos con prudencia, y no se toman medidas de fondo, que requieran una participación del presidente”.
De esa forma, se continúa el trámite de titularización de docentes que habían accedido a su cargo por concurso entre 1999 y 2001. Pero a la vez, el CGE avanza en su intención de desarticular la estructura de la escuela Intermedia y dar paso al nivel III de la educación general básica (EGB) mediante un proceso de “refuncionalización” de los establecimientos de ese nivel, 178 en toda la provincia.
Respecto del congelamiento de las titularizaciones, la Defensoría del Pueblo de Paraná había resuelto intervenir en forma directa, y en un dictamen firmado por la defensora adjunta Martha Benedetto, la Defensoría había recomendado a Educación la derogación de la resolución 1.837 que dejó en suspenso las titularizaciones —una condición sine qua non como para que un docente adquiera estabilidad en el cargo— por cuanto esa medida “podría afectar derechos adquiridos, vulneraría la carrera docente y podría poner en riesgo el cumplimiento efectivo del derecho a la educación”.
Para la Defensoría, la disposición oficial “no tiene entidad normativa” aunque consigue crear “incertidumbre respecto a la situación de revista actual de los docentes pretendidamente alcanzados”.
Para la defensora adjunta, además, los docentes involucrados “se titularizaron en cargos y horas cátedra vacantes presupuestadas legalmente”, y afirma que la suspensión de las titularizaciones “tiene algunas fisuras jurídicas en cuanto a la competencia del órgano emisor, el Consejo General de Educación, respecto a restar ejecutoriedad a un acto emanado por el Poder Ejecutivo Provincial”.
