Participaron también del panel de presentación, Ana Oberlin, abogada de la agrupación H.I.J.O.S. – Delegación Rosario y Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS.
«Si se revisan estos informes anuales a lo largo de dieciséis años, se va a ver, primero, cuántas cosas cambiaron en el país. Afortunadamente para bien; y se van a ver cuántas cosas cambiaron en el CELS» dijo Verbitsky.
Agregó que la actividad del CELS creció cuando en la Argentina tenían legitimidad electoral personajes como el policía Luís Abelardo Patti y Antonio Domingo Bussi.
«Hoy día, y gracias a la infatigable actividad de muchos compañeros (entre los que destacó al periodista Pablo Llonto), esos personajes están pagando la culpa de haber cometido crímenes horrendos». Fue el momento del primer aplauso.
En el primer momento «se tenía tanta urgencia por salvar vidas que los fundadores (de la organización) no contemplaron cómo sería tratar los derechos humanos en democracia». Esa es una tarea de la actualidad, que el libro presentado enumera y discute.
Por su parte, Chillier, director del CELS subrayó la propuesta que la organización acercará para el tratamiento del aborto, que debiera convertirse en un servicio social seguro, libre y gratuito.
El control de las drogas en sus vertientes más represivas también integró la grilla de temas, así como ciertas políticas de minería y «el vergonzoso trato del que fueron objeto los aborígenes de la etnia qom en Formosa», hacia fines del año pasado.
Oberlin mostró su alegría por la invitación y enumeró su trabajo en la búsqueda de jóvenes raptados o capturados durante la última dictadura cívico-militar, y la tarea que algunos de los hijos recuperados tuvieron, ayudándola, en los cargos reunidos para condenar a Patti.
«Si Patti y Bussi fueran interlocutores de nuestros políticos, empresarios, sindicalistas, gobernadores, etcétera, eso no haría más que demostrar el fracaso de una política. Bien, eso no sucedió», había dicho Verbitsky.
Finalmente, Zaffaroni hizo poco menos que un resumen de lo dicho, y se comprometió, desde su lugar, a impulsar una judicialización acorde a los tiempos políticos como para que no suceda lo que pasó (y pasa) con la Ley de Medios, por ejemplo, que aún no consiguió su definitiva aplicación.