La población local enfrentó enérgicamente el proyecto, que desde el inicio contó con una tolerancia, rayana en la complicidad, por parte de las autoridades provinciales, léase Gobernadores Urribarri y Bordet, Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y sucesivos responsables de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo y Martín Barbieri, además del intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico y de otros funcionarios provinciales como por ejemplo el coordinador provincial de Desarrollo Territorial y del Corufa, Eduardo Asueta. Todos amparados en decisiones muy dudosas del Superior Tribunal de Justica de Entre Ríos, que en todo momento operó como una especie de socio ad hoc del proyecto, avalando las irregularidades con decisiones que podemos calificar como escandalosas.
Finalmente, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en un fallo inédito resolvió que el daño ambiental debe ser reparado, el humedal debe ser restituido, y además inauguró dos nuevos institutos jurídicos que deberán ser respetados de ahora en adelante en el país: In dúbito pro aqua y in dúbito pro natura. O sea que en caso que este en juego la naturaleza y los acuíferos, estos son los bienes jurídicos a proteger, ante todos y ante todo Y no solo eso, que las costas del cumplimiento de la sentencia sean enfrentadas por la empresa Altos de Unzué SA, la provincia y el Municipio de Pueblo Belgrano. Estamos hablando de millones de dólares.
Luego de la sentencia, el Dr. Julio Majúl, entrevistado por DIARIO JUNIO destaco la ultima y más escandalosa decisión del STJER, que admitió un recurso extraordinario presentado por la empresa, algo completamente inadmisible porque las decisiones de la Suprema Corte son inapelables.
Majúl señaló a este medio que la escandalosa aceptación de nuestro Superior Tribunal de Justicia (SIC) solo se podía entender en el marco de una asociación cuasi criminal entre los funcionarios de ese organismo y los empresarios. Que intentaban un camino jurídicamente inviable, a sabiendas de que lo era, solo para ganar tiempo y preparar la quiebra de la Sociedad Anónima y de ese modo eludir sus responsabilidades en el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte. Denuncia que reviste una gravedad institucional inédita en nuestra provincia, y en el país, dado que no se registran antecedentes que el máximo organismo de justicia actúe en connivencia criminal con responsables de graves delitos, para que estos eludan sus responsabilidades.
¿SE CUMPLIRÁ LA SENTENCIA ?
Lamentablemente existen muchos antecedentes que avalan sospechar que finalmente el costo enorme del daño ocasionado no será remediado, lo que significaría en primer lugar que el impacto de las crecientes sobre Gualeguaychú será multiplicado por el fenomenal endicamiento del ‘Barrio Náutico Amarras’. Y además que los responsables directos seguirán circulando y operando, impunes, sobre nuestra realidad, como por lo pronto es el caso del intendente de Pueblo Belgrano, municipio co-responsable del desastre ambiental ocasionado, a quien la SCJN ordenó se haga cargo, entre otros, del cumplimiento de la sentencia. A pesar de lo cual circula orondo por la provincia como precandidato a las legislativas, en la lista armada por Rogelio Frigerio, con una franca actitud de indiferencia ante la decisión de la justicia, que lo pone a el también en la línea de fuego del cumplimiento de la sentencia.
Pero Gualeguaychú ya ha demostrado en temas ambientales que es un hueso duro de roer, y seguramente no se va a resignar a esta elusión criminal de la sentencia.
Por nuestra parte seguiremos el caso en toda su evolución y mantendremos informados a la amplia audiencia que tiene DIARIO JUNIO en la región afectada y que seguramente no perderá interés en lo que suceda.
