Por Jorge Riani *
En ese clima, el gobernador Jorge Busti tiene decidido ir el próximo 9 de octubre a Santa Elena para hacer un anuncio sin muchas sorpresas. Ningún adelanto de privatización, como el que se hizo aquel 14 de marzo de 1991 en el que el mandatario entrerriano tomó privilegiado lugar en el palco desde donde Carlos Menem prometía que faltarían brazos para trabajar en el frigorífico.
En esta ocasión, nada de anticipos privatistas; por el contrario: el anuncio está relacionado con una acción estatal acorde a los discursos imperantes que bajan del Gobierno nacional. Busti lanzará oficialmente la construcción de la cárcel sobre parte de los terrenos donde, por más de un siglo y medio, se centró la primera etapa de la industria de la carne en un pueblo crecido, desarrollado, enriquecido, comprado, desocupado, extorsionado y empobrecido, sucesivamente, al amparo de los avatares del frigorífico Santa Elena.
La acción estatal en Santa Elena llega de manos de un anuncio a la medida de la Argentina de Juan Carlos Blumberg: cárcel y promesa de vestir uniformes. Años antes fue la instalación de la comisaría para reprimir el delito de abigeato –pedida por un empresario amigo de los gobiernos– porque los desocupados de Santa Elena habían incurrido en eso de mirar con cariño las vacas ajenas, mientras los chillidos en el estómago propio y de sus proles borraban la conciencia sobre la propiedad privada.
Pero mientras el gobernador ha salido a anunciar el plan de reactivación de Santa Elena mediante la construcción de la cárcel –con el procesado Rossi como vocero oficial–, en la semana que pasó se avanzó con mucha energía y poco ruido con el plan de venta de lo último que queda de las tierras fiscales. La entrega será a manos de dos o tres grupos empresarios para que participen del festival de la soja, según denuncian algunos ex empleados del frigorífico.
Un grupo de 50 familias que alcanzó a refugiarse de la endémica desocupación santaelenense arrendando cerca de 1.000 hectáreas del campo que perteneció al frigorífico Santa Elena, advirtió hacia fines de la semana pasada que el Gobierno provincial tiene la decisión de inminente entrega de esas extensiones a no más de dos o tres empresas.
El paisaje de soja es imperante por esas zonas, y como pequeñas isletas en medio del verde, se abren espacio unas pocas extensiones con un par de decenas de animales sobre el campo arrendado por ex trabajadores del frigorífico. “Dónde vamos a poner las vacas? En el mes de octubre, cuando venga el gobernador, le vamos a dejar los animales en la ruta.”, dijo uno de los arrendatarios en diálogo telefónico con Cronista Digital, con interés en dejar planteado el problema, más que de anunciar alguna medida concreta de protesta.
De todos modos, entre los arrendatarios, los campesinos que propician la colonización social y algún integrante de la cooperativa de ex trabajadores del frigorífico evaluaban durante este fin de semana realizar un acto paralelo al que el oficialismo realice este mes, cuando anuncie oficialmente la construcción del edificio penal. “Estamos pensando congregarnos, para que el gobernador tenga que necesariamente venir hasta donde estamos nosotros y así nos escuche”, anticiparon.
Privatización de hecho
El Gobierno ya ha anunciado oficialmente que existe la intención de vender las tierras fiscales a dos grupos empresarios, uno de ellos de propiedad del paranaense Sergio Lipchitz, Agramin SA, y el otro, la Granja Tres Arroyos.
La sopresa del caso fue, como se dijo, que sobre esos terrenos ya hay carteles que indican que se trata de “propiedad privada” y algunos lugares coinciden con los que arriendan los pequeños productores. El tema fue planteado también por los arrendatarios al diputado provincial Raúl Patricio Solanas, en una visita que realizó el viernes pasado a Santa Elena. El legislador justicialista –uno de los impulsores de la colonización social y la reapertura del frigorífico en manos de los ex trabajadores, lo que le ha valido algunos enfrentamientos con sus pares de bancada– explicó a algunos medios que los productores afincados en los lotes denominados Piquete 7 Largo, 4 de Arriba y 4 de Abajo, le remitieron una carta donde piden apoyo legislativo para poder continuar con sus emprendimientos productivos, que tienen alrededor de 12 años de existencia.
“De estos emprendimientos –denunció el legislador– dependen más de cien familias, que en los últimos días han comenzado a ser intimadas verbalmente para desalojar las tierras (incluso retirándoles candados y cadenas a las tranqueras de los arrendatarios), con el objeto de entregar estos campos a reproductores Cobb SA – Granja Tres Arroyos, y a Agramin Sacima, principalmente”.
Este medio le preguntó al diputado Solanas si existe algún trámite legislativo para la venta de esos campos, requisito que debiera ser indispensable para la privatización. El diputado paranaense dijo que precisamente entre sus planes para este lunes, y ante un pedido de los arrendatarios, estaba averiguar si se comenzaron tales trámites, porque hasta el viernes no había conocimiento de que existieran.
Un campesino de Santa Elena no dudó en indicar que si el Gobierno quiere, esos campos podrán ser transferidos a los empresarios, y ante eso recordó que en la segunda gestión de Busti, parte de El Quebracho pasó a engrosar el patrimonio del empresario periodístico Luis Félix Etchevehere, sin que la operación sea ratificada por la Legislatura ni quede claro si se pagó por esas extensiones y cuánto, o si el dinero que pudo haber ingresado a las arcas del Estado se perdieron en los insondables recodos de rentas generales.
En noviembre de 2002, la Asociación de Trabajadores del Estado había emitido un documento donde justificaba la decisión de un grupo de familias de tomar los campos para trabajarlos, ante la negativa del entonces gobernador Sergio Montiel de escuchar el reclamo. “Estas familias –decía el escrito de ATE– debieron recurrir a la ocupación al no haber obtenido respuestas a los proyectos presentados en la Dirección de Tierras Fiscales, y al advertir que nuevamente el Gobierno favorecerá con esas tierras a sus amigos y al poder económico, como sucedió cuando se le concedió una parte a la familia Etchevehere y a una firma norteamericana de cría de pollos”.
Hoy, el Gobierno provincial en otras manos también apunta a la venta de tierras, mientras en Santa Elena los campesinos sin tierra aseguran que la intención oficial es que todo esté privatizado para el 9 de octubre, es decir para la semana próxima.
Algunos amigos del poder vernáculo representado por Rossi, ya gozan de apetecibles extensiones, como el dueño de una modesta mercería que de pronto tuvo a su disposición más de 400 hectáreas para la cría de cerdos. “Que deben ser caminadores los chanchos del amigo de Rossi para tener que ocupar 400 hectáreas”, ironizaron los conocedores del oficio rural, ex trabajadores que aún esperan una oportunidad.
En medio de todo este clima de avanzada de proyectos oficiales, con negocios concentrados en pocas manos, los proyectos alternativos de los ex trabajadores parecen haber quedado en una meseta. El lunes pasado, en esta sección se comentaron las reticencias de las autoridades nacionales a dar apoyo a la iniciativa de reabrir el frigorífico.
En una nota escrita por el director de Cronista Digital y publicada en la reciente edición del semanario Análisis se indica que “en Santa Elena hay 3.500 personas que viven de los planes sociales. Cada una de esas personas cobra 150 pesos mensuales, de lo que se deduce que el sistema que el caudillaje político se niega a abandonar significa la transferencia de 525 mil pesos al mes o, lo que es lo mismo, 6.300.000 de pesos por año. ¿Cuánto cuesta comprarle las máquinas a Taselli (como lo reclaman los ex trabajadores) para reabrir un proyecto productivo?”.
Pero el Gobierno provincial tiene otros planes sobre los espacios que queden sin transferir a los grupos de productores: construir la cárcel, como alternativa para atacar la desocupación, dice el oficialismo. Algunos calzando uniformes, muchos poblando las celdas.
