“Estamos convencidos de que el poder político debe tener cada vez menos injerencia en el funcionamiento de este organismo de control, por lo que hemos señalado algunas situaciones que debemos mejorar para asegurar mayor transparencia”, expresaron los legisladores”.
Entre las modificaciones más importantes, el proyecto de ley prevé como impedimentos para ser miembros del Tribunal de Cuentas “el desempeño de un cargo electivo en el ámbito nacional, provincial o municipal dentro de los diez años anteriores a su proposición, la designación de cargos ejecutivos o de asesoramiento ejecutivo o legislativo en el ámbito nacional, provincial o municipal dentro de los diez años anteriores a su proposición, el desempeño como titular o adjunto de la Fiscalía de Estado u otro organismo de contralor creado o a crearse dentro de los diez años anteriores a su proposición y tener una relación de vínculo conyugal o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con un miembro del Superior Tribunal de Justicia o con el titular del Ejecutivo, sus ministros, secretarios de estado y con legisladores nacionales, provinciales, titulares de los Ejecutivos Municipales o concejales de la gestión que lo propone”.
A su vez, el proyecto propone la realización de concursos de oposición y antecedentes para la cobertura de los cargos de Secretarios Letrados y Contables del Tribunal, Fiscales de Cuenta, Secretarios de los Vocales y los Auditores, “con la finalidad de evitar cualquier sospecha en cuanto al abuso discrecional y la injerencia del Ejecutivo en la designación de sus propios colaboradores”.
“Además hemos advertido –remarcan los legisladores- que el desempeño de la actividad privada de los Funcionarios de Ley podría generar conflictos de intereses en las altas funciones asignadas constitucionalmente al Tribunal de Cuentas, por lo que hemos ampliado los impedimentos fijados para los miembros del Tribunal, a los fiscales de Cuentas, Secretarios, Auditores y Asesores Jurídicos”, expresaron en un comunicado.
Para el caso del requerimiento de control preventivo, “resulta procedente que la opinión emitida por el Tribunal respecto de las actuaciones, actos o decretos relacionados con actos administrativos sea vinculante, ya que si solo es a título de asesoramiento, se verifica una desvalorización del control posterior y no se evita el posible perjuicio al erario público”.
Por último, Mainez y Grilli subrayan que “el espíritu del texto está orientado a un mayor contralor en la gestión de la Administración Pública Provincial y de las haciendas paraestatales buscando adoptar todas las medidas posibles para prevenir y corregir irregularidades, declarar la responsabilidad en el orden administrativo y enjuiciar mediante el juicio de cuenta la gestión administrativa de todo funcionario o agente”.
