Pide además que informe “si (el Poder Ejecutivo) tuvo en cuenta que al facultar al presidente de la “CO.DE.SAL”, a ceder en comodato por treinta (30) años o más (en el caso de adquirir la provincia el dominio de los terrenos), a “inversores privados” (Art. 3 del decreto), se ha nuevamente extralimitado, al impedir al poder que representa al pueblo de la provincia (Poder Legislativo), establecer mediante reglas claras, los mecanismos más adecuados para la explotación y el desarrollo turístico de las tierras en cuestión”, y si evaluó suficientemente que con dicho decreto “estaría transgrediendo el destino propio de los ingresos establecido por la ley de presupuesto de la provincia, al disponer mediante su Art. 5, que los fondos para el funcionamiento, sostén y promoción del ente y para la construcción de la infraestructura requerida por el denominado “polo de desarrollo de Salto Grande”, provendrán del Servicio Administrativo y Contable del Ministerio de Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos y de la “Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande” (CASFEG), lo que constituiría otra irregularidad de carácter normativo, pasible de cuestionamientos de orden constitucional y legal”.
La presentación del bloque de la UCR, firmada por los diputados Horacio F. Giorgio, Arturo Vera, Alba Allende de López, Fabián Rogel, Rubén Villaverde, Héctor H. Monzón, Osvaldo Fernández y Eduardo Solari, concluye pidiendo se informe “cuáles han sido las razones de urgencia por las que el Poder Ejecutivo, atribuyéndose facultades legislativas que no posee, dictó el controvertido decreto Nº 252/05” y señala que soslayar la intervención de la legislatura, además de inconstitucional, significa impedir que los representantes del pueblo de la provincia, principalmente los de Concordia y Federación, que son los departamentos más afectados por la represa- participen de la elaboración del marco legal del emprendimiento que se pretende impulsar en la región de Salto Grande
