Las autoridades confirmaron este lunes que el juez García no fue asesinado sólo; junto a él fue asesinada su esposa Teresa Navarrete, ambos mayores de 75 años de edad. Según las autoridades, el móvil del crimen es difuso. García fue estrangulado, mientras su cónyuge sufrió múltiples heridas hechas con cuchillos o puñales, de acuerdo a las primeras versiones de los policías y de los familiares que localizaron los cadáveres el domingo pasado.
El presidente Salvador Sánchez Cerén condenó enérgicamente el doble crimen y ordenó una investigación exhaustiva. Anunció que la policía y la fiscalía tenían ya en su poder a varios capturados, posiblemente los asesinos de la pareja, pero no dio más detalles por tratarse de una investigación en curso, que comenzó desde que el sábado se reportó la localización del vehículo abandonado del juez en una zona lejana del lugar de su residencia en la ciudad oriental de San Miguel.
Precediendo este cruento suceso, así como el ametrallamiento de un autobús del transporte público de pasajeros, en el que murió una persona y dos fueron heridos, así como un enfrentamiento entre pandilleros y policías, el presidente Sánchez Cerén anunció el despliegue de la llamada Policía Comunitaria en 42 zonas de la capital salvadoreña, con el fin de reconquistar los territorios usurpados por las maras en una labor conjunta entre la autoridad policial y la ciudadanía.
El director general de la policía Mauricio Ramírez Landaverde aclaró que 21.000 agentes, más de una tercera parte del total de efectivos, fueron capacitados en la nueva estrategia de trabajo policial, que ya se ha implementado en países como Nicaragua, Uruguay, Bolivia y Perú.
Con esta acción el gobierno busca recuperar el control de territorios que con el tiempo se ha cedido a la influencia de grupos delincuenciales, especialmente a las pandillas por la falta de la presencia de la autoridad en los territorios.
“Los agentes destacados tendrán que rendirle cuentas a la gente y la misma gente va a poder controlar a los policías”, enfatizó el ministro de Seguridad y Justicia, Benito Lara.
El Salvador es el cuarto país más peligroso del mundo por sus altas tasas de homicidios, mayores de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Naciones Unidas.
