La producción arandanera se exporta el 100 %. La fruta se cosecha en esta zona, hay distintas empresas que hacen el envasado o lo puede hacer el productor en su quinta, luego se enfría, eso va Buenos Aires y de allí sale en avión a Estados Unidos, que es el principal comprador. El arándano, empaquetado, tiene una rentabilidad importante. “Se vende en cajas de 1,5 kilo y las cajas están compuestas por cajitas de 125 grs. En promedio se vende a U$S 11 el kilo.
Sin embargo, la cosecha es de muy corta duración. No dura más de dos meses, dos meses y medio. De mediados de septiembre a los primeros días de diciembre.
El 18 de junio 2004, el entonces gobernador Jorge Busti visitaba la localidad de Colonia Ayuí, al norte del departamento Concordia, donde entregó aportes económicos a dos escuelas, inauguró una colectora cloacal y recorrió una plantación de arándanos. En relación a esta producción, aseguraba que desde el gobierno provincial “estamos apoyando, junto con el Ministerio de Trabajo, a todos aquellos que se dediquen al arándano”. Según el ex gobernador “todavía no se valora la cantidad de gente que ya esta trabajando en el departamento Concordia y lo que va a significar para la ciudad dentro de unos años”.
El 18 de septiembre de 2004, luego que el INDEC diera cuenta que Concordia sigue siendo la ciudad más pobre del país, Busti especificaba que existe un área plantada de 500 hectáreas y en el término de 3 años esta actividad llegará a 2.000 hectáreas, previéndose la generación de 7.000 puestos de trabajos temporarios y 1.500 permanentes para el cuidado de las plantaciones.
Con relación al informe del INDEC, el senador provincial Héctor Strassera señalaba que en mayo de 2005 afirmó: “A ocho kilómetros de estos barrios marginales nos trasladamos a una plantación de arándanos, cultivo que creció en los últimos tres años, y en municipios como La Criolla, Los Charrúas y Ayuí, que son satélites de Concordia, la desocupación es cero”.
En mayo de 2005, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Concordia encabeza el ranking de pobreza, con el 75,7 por ciento de los menores de 14 años en esa condición -es decir, tres niños de cada cuatro-, seguida por Corrientes con el 75 por ciento, y Resistencia con el 74,6 por ciento. Sobre un total de 43.000 niños, 32.400 eran pobres y, dentro de ese segmento, 18.920 indigentes. En ese entonces, Busti respondía, entre otras cosas, que: “ahora vamos a ir a ver una planta de arándanos que va a tomar a 2.500 mujeres en el mes de septiembre”.
En septiembre de 2006, desde la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA) destacaban el incremento de la cantidad de personas que tendrán que comenzar en los próximos días con la cosecha del fruto morado. Mientras que para la temporada pasada se emplearon cerca de 2500 personas, la del 2006 convocaría a más de 4.000 personas. Superando así incluso el número que utiliza la citricultura local para la misma tarea.
Un año más tarde el productor Juan Scordia, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), anticipaba que las proyecciones del sector arándanero estimaban que dentro de 5 años se podría estar necesitando entre 15.000 y 20.000 personas para trabajar en la cosecha de la fruta azul. Scordia reconocía que ante semejante estimación, a los empresarios del sector “no les va a quedar alternativa que volcar una gran parte a la industrialización”, para que un sector de esos trabajadores extiendan su desempeño mas allá de los tres meses de cosecha, y asegurarlos así como mano de obra para la producción. Con una demanda de 4.000 cosechadores, la recolección 2006 ya se había equiparado a la citricultura, mientras que la temporada 2007 comenzaría con intensidad y solicitaría más de 7.000 personas.
ABUSOS LABORALES
En noviembre de 2005, cerca de 300 cosechadores de la firma “Blueberries”, protagonizaban una sentada frente a la entrada del establecimiento arandanero, en la localidad de de Colonia Ayuí, al norte del departamento Concordia. Los trabajadores reclamaban condiciones dignas de trabajo y remarcaban que no cuentan siquiera con agua potable, para una tarea que se desarrolla de sol a sol. Debían almorzar en el suelo, y muchas veces sólo recibían un sándwich de fiambre como toda comida.
Si bien estos argumentos fueron los que más se escucharon en el reclamo, la gota que había colmado el vaso era la demora en el pago de las quincenas y la falta de reconocimiento al trabajo realizado en días feriados. Además eran trasladados en un vejo colectivo sin frenos, que había protagonizado un accidente al no poder evitar a otro micro, el sábado 29 de octubre de ese año, en la ruta 4 y calle Nogoyá. Un grupo de empleados fue despedido por encabezar toda esta serie de reclamos.
El 30 de septiembre de 2006, una decena de obreros que trabajaban en la cosecha de arándanos para la empresa Blueberries SA de Colonia Ayuí eran despedidos porque se negaban a trabajar en condiciones de explotación. Según los zafreros el establecimiento ubicado en lo que fuera la Quinta 9 de Julio de la ex Pindapoy, de Colonia Ayuí, iba a despedir a más trabajadores en los próximos días a pesar de que, desde la firma, indicaban que no tenían previsto despedir personal sino, por el contrario, incorporar más gente a la cosecha. A los despedidos se les había abonado la quincena y días pendientes, aunque en el telegrama no se les especificaba causa ni suspensión previa.
En tanto, el 15 de noviembre de 2006 la Dirección de Trabajo descubría a 27 cosechadores de arándano en negro trabajando para una firma de la ciudad de Rosario. A raíz de la inspección, la firma despidió a 12 empleados. El encargado de la repartición, José Giles, expresaba que la empresa tiene mayor cantidad de empleados sin registrar pero no lo pudieron comprobar porque el día de la inspección huyeron del campo a través de un portón trasero.
En diciembre de 2007 Guillermo Galantini, un dirigente político de Monte Caseros (Corrientes), divulgaba sobre las peripecias que vivieron un grupo de cosecheros de las zonas de esa ciudad, quienes fueron alistados para ir a trabajar al establecimiento “Aguará” en La Criolla (Entre Ríos). La nota indica que fueron objeto de “múltiples estafas y engaños”.
En la nota, se señala que los trabajadores habían firmado un convenio con una empresa denominada “Agropecuaria SRL”, pero la credulidad de los mismos hizo con que no retuvieran ninguna copia del contrato. “Luego, vinieron las peripecias de sus viajes hasta el lugar de cosechas que lo hacían en un destartalado colectivo, por caminos secundarios y partiendo de Monte Caseros a las 4 de la mañana para regresar pasada las 21. Eso, cuando no se rompía y debían abandonar para regresar de a pié hasta sus hogares; incluso hasta un principio de incendio en la unidad debieron sufrir los trabajadores a pesar de las constantes advertencias que hacían a sus empleadores quienes, encima, descontarían de los sueldos el pago del transporte”, señalaba la nota.
A mediados de este mes, trascendía la situación de un centenar de correntinos, traídos para la cosecha de arándano, desamparados en un galpón cerca de la Plazoleta Islas Malvinas. A raíz de ese caso y de otros más, el titular del sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, le iba solicitar a Urribarri inspeccionar en forma conjunta con la Dirección de Trabajo para detectar peones en negro en la cosecha del fruto de estación.
En cuanto a los jornaleros que se “hospedaban” en un galpón ubicado detrás de una vía, cerca de uno de los accesos al puente Alvear, Camejo estimaba que se trata de un centenar. “Están en condiciones realmente malas”, explicó. “Ya mandé gente para que vaya a darle una mano a los compañeros para ver si necesitan algo para paliar su situación”, indicó. Una posibilidad es insertarlos en alguna empresa de la zona para “que pueda blanquearlos y se le reconozcan todos los derechos que tienen”.
El último caso que se dio a conocer fue de Federal. Norma Troncoso, una vecina de Federal que trabajó en la última cosecha de arándanos en la empresa “Blueberries” contó que “cuando íbamos cobrar la finalización de zafra, primero nos sacaron los colectivos. La mayoría de la pobre gente no pudo cobrar. No sabés con quien hablar; te derivan hasta con el colectivero. Queda como una empresa fantasma”, dijo la mujer.
En su caso particular la deuda comprendía una quincena y la finalización de zafra. Por quincena cada cosechero recibía $ 350. La abogada que representa a los damnificados, Yanina Garay Leites, aseguró que hay 50 damnificados de esa localidad.
