Menos aún se sabía que estos dos diarios, asociados con La Razón , se adueñaron de la empresa entre 1976 y 1977, despojando a sus anteriores propietarios, el Grupo Graiver, en complicidad con la dictadura militar, que utilizó las herramientas del terrorismo de Estado –esto es, intimidaciones, amenazas, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos perpetrados por el aparato represivo ilegal– para consumar la apropiación.
Se trató de una asociación estratégica. Los dictadores –brazo armado de los grupos económicos más concentrados– no sólo debían silenciar a la prensa para desarrollar su plan sistemático de aniquilamiento de la disidencia política y social, sino que necesitaban el apoyo de medios cómplices que –disfrazados de periodismo independiente– fungieran como propagandistas de un modelo económico basado en la concentración de la riqueza y la exclusión social, y que justificaran el plan represivo que era indispensable para aplicarlo. Clarín, La Nación y La Razón cumplieron esa tarea y a cambio recibieron Papel Prensa. Por tratarse de un despojo realizado en el marco del terrorismo de Estado, unos y otros –los dictadores y sus socios periodísticos– cometieron crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y por los cuales deben ser juzgados. Todo esto salió a la luz pública recién este año, después de más de tres décadas de silencio y ocultamiento.
El crimen y sus autores. Entre marzo y abril de 1977, varios familiares directos de David Graiver, junto con directivos y empleados del Grupo Graiver –propietario de Papel Prensa–, fueron secuestrados por grupos de tareas que respondían a Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y concentrados en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco y El Pozo de Banfield. El 2 de noviembre de 1976, en las oficinas del diario La Nación, habían firmado bajo amenaza y a un precio irrisorio boletos de venta de las acciones de la empresa a favor de Fapel, un sello de goma creado por Clarín, La Nación y La Razón para apropiarse de la empresa. Concretada esa primera parte de la operación, se los secuestró y torturó para que renunciaran a cualquier reclamo futuro sobre la “operación”. Una vez logrado este propósito, fueron juzgados por consejos de guerra, “blanqueados” y encarcelados. Al mismo tiempo, basándose en las declaraciones obtenidas bajo tortura que fueron utilizadas en los consejos de guerra, la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conarepa) los despojó del resto de sus empresas.
La causa que investiga estos hechos está radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza, quien delegó su instrucción en la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de esa ciudad, encabezada por Hernán Schapiro y Marcelo Molina. La querella del Estado, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió a mediados de este año la indagatoria, en carácter de imputados, de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; del Ceo del Grupo, Héctor Magnetto; del ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; de Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, ex directivos de La Razón ; del dictador Jorge Rafael Videla; del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; y del ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Podestá, entre otros. El mes pasado solicitó también la imputación de Reinaldo Gregorio Bandini, ex secretario de redacción de Clarín, a raíz del descubrimiento de una carta documento que éste le enviara a Ernestina Herrera de Noble en 1987, donde le recuerda “mi gestión ante el Estado Mayor del Ejército cuando en el año 1976 Clarín decidió comprar parte de Papel Prensa”.
¿Yo, señor? ¡No, señor! El avance de la causa que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa no sólo preocupa a los principales imputados por una posible condena que puede llevarlos a la cárcel, sino porque el esclarecimiento del despojo puede resultar un golpe muy difícil de absorber para la credibilidad periodística y la economía de Clarín y La Nación. Los abogados de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto –con el solidario apoyo de sus medios– han intentado, durante este año, despegar a sus defendidos de los dictadores mediante cuatro argumentos:
– La compra del paquete accionario de Papel Prensa se concretó en noviembre de 1976, antes de que los integrantes del Grupo Graiver fueran secuestrados. Refuerzan este argumento señalando que Papel Prensa fue la única empresa de la que no fueron despojados por la Conarepa, debido a que ya la habían vendido legalmente.
– Los Graiver y Rafael Ianover (testaferro de David Graiver) firmaron la transferencia de sus acciones sin sufrir presiones y en total libertad.
– Los directivos de los tres diarios no tuvieron relación alguna con el secuestro de los Graiver, sus socios y sus empleados.
– La única negociación de Clarín, La Nación y La Razón con los dictadores sobre el tema Papel Prensa fue entre fines de 1976 y principios de 1977 para lograr que la Junta Militar aprobara la compra.
Los dos primeros argumentos se contradicen con las declaraciones de Lidia Papaleo y Rafael Ianover, quienes venían recibiendo amenazas e intimidaciones desde antes de firmar la transferencia. La viuda de Graiver relató cómo fue amenazada por Magnetto la noche del 2 de noviembre de 1976 para que pusiera su firma en el boleto de compraventa. También contó que ese día, al salir de la reunión realizada en las oficinas de La Nación, el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, le recomendó que se fuera del país “esa misma noche” para salvar su vida. Por su parte, Rafael Ianover le dijo a la Justicia que no leyó el contrato porque temía por su seguridad y la de su familia, y que sólo lo firmó cuando Patricio Peralta Ramos (fallecido este año) le garantizó que si firmaba no le pasaría nada. El presidente de La Razón no cumplió su palabra: Ianover fue secuestrado por un grupo de tareas en abril de 1977.
La defensa puede esgrimir que, hasta aquí, se trata de los dichos de unos y de otros, pero que no hay pruebas que los corroboren o los desmientan. Sin embargo, existe otro hecho que cuestiona la legalidad de la venta. Entre los herederos de David Graiver –y propietarios del paquete accionario de Papel Prensa– se encontraba María Sol Graiver, su hija, de apenas un año y medio en ese momento. El juez de menores a cargo de la sucesión nunca aprobó la venta. En otras palabras, en marzo de 1977, cuando los integrantes del Grupo Graiver fueron secuestrados por la dictadura, la transferencia de las acciones no era legal.
Tampoco los dos últimos argumentos se sostienen. En este caso, desmentidos por pruebas fehacientes. En agosto de este año, Miradas al Sur reveló la existencia de una serie de partes firmados de puño y letra por el general Bartolomé Gallino en abril de 1997. Allí, el instructor de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los Graiver informa a sus superiores sobre las reuniones mantenidas con “los dueños y los representantes legales” de Clarín, La Nación y La Razón mientras los Graiver permanecían desaparecidos en el Pozo de Banfield. En los mismos partes, el militar también informa que, después de esas reuniones, procedió a interrogar a los detenidos. La relación entre el contenido de las reuniones y los interrogatorios bajo tortura salta a la vista. Dos de esos partes ya fueron incorporados a la causa. Miradas al Sur está en condiciones de informar que existe un tercero.
Por otra parte, en su carta-documento de 1987 –cuyo texto completo fue revelado por Miradas al Sur el mes pasado–, el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Bandini, le reprocha a Ernestina Herrera de Noble haber olvidado sus gestiones ante el Estado Mayor del Ejército “cuando Clarín decidió comprar parte de Papel Prensa”. Bandini era también profesor de la Escuela de Defensa Nacional y tenía estrechos vínculos con la cúpula del Ejército. Fue él quien se encargó de lubricar los contactos de Magnetto con los altos mandos del arma, un hecho que el propio CEO del monopolio confirma en El hombre de Clarín, la biografía autorizada que le escribió por encargo el periodista José Ignacio López.
Con todos estos elementos, la Justicia podrá determinar qué papeles cumplieron –y en qué delitos de lesa humanidad participaron– los directivos de los tres diarios en el despojo de Papel Prensa.
El monopolio del silencio. El enorme poder económico y mediático del Grupo Clarín tiene su origen en la apropiación de Papel Prensa, que le permitió –junto con La Nación– acceder el monopolio de la fabricación de papel de diarios en la Argentina. En agosto de 1977, mediante un pacto secreto de sindicación de acciones –que recién salió a la luz este año–, Clarín, La Nación y La Razón se comprometieron a votar de manera unánime lo que decidiera en comité directivo, que dominaban. De esa manera lograron el control absoluto de la compañía, neutralizaron todo posible control por parte del otro accionista, el Estado argentino, y pudieron diseñar políticas de producción y venta que, aún en perjuicio de la empresa, redundaran en beneficio de los tres diarios. Desde que adquirió las acciones que le pertenecían a La Razón , a mediados de los ’80, el grupo conducido por Magnetto tiene casi el 50% de las acciones de la empresa.
Desde entonces, Clarín y La Nación se subsidian a sí mismos el precio del papel de diario que consumen, cuya producción también regulan según sus necesidades. En Silencio por Sangre. La verdadera historia de Papel Prensa, Jorge Mancinelli y quien esto escribe publicaron un estudio que muestra que, durante los últimos seis años, el resto de los diarios argentinos pagaron el papel un promedio del 58% más caro que el precio que Clarín y La Nación fijan para sí mismos. “Este sobreprecio –se señala– fue la diferencia entre el promedio de los importes abonados por las editoriales obligadas a importar papel y el costo privilegiado que tuvieron los dos accionistas del monopolio del papel de diario”.
La enorme ventaja competitiva que le da la integración vertical y el manejo diferencial del precio del papel le ha proporcionado al Grupo Clarín los recursos necesarios para su vertiginoso crecimiento, al mismo tiempo que lo transformó en una suerte de árbitro de la existencia o no de medios gráficos alternativos, a quienes puede presionar y asfixiar mediante el manejo de la provisión y el precio de su insumo básico.
Gracias a esta ventaja, el Grupo Clarín se convirtió también en una suerte de árbitro de la política y la economía de la Argentina, con un poder mediático y de lobby que le ha permitido a Héctor Magneto decir que parte de su trabajo es poner y sacar presidentes, y también jactarse de que ningún gobierno puede resistir tres tapas de Clarín. Un modus operandi que por estos días, repite hasta caer en la caricatura sin el resultado deseado.
Ese poder le permitió, además, silenciar durante 34 años a quienes denunciaron la ilegalidad de la apropiación de Papel Prensa. 2010 marcó el final de ese silencio. Tal vez 2011 sea el año en que se haga justicia en uno de los crímenes de lesa humanidad más emblemáticos del carácter cívico-militar de la última dictadura.
