Si bien el CIJ siguió en vivo las cinco jornadas en las que tuvo lugar la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, cuando fue el turno de los planteos de las defensas no hubo transmisión. Para Beraldi, se trata de un acto de “censura” ya que sólo se difundió la acusación, mientras que las voces de los abogados de los imputados no se escucharon más allá de las paredes de la sala AMIA de Comodoro Py.
Una acordada de la Corte del año 2008 estableció la normativa para las transmisiones de los juicios orales. Allí se definió que “se permitirá la difusión radial y televisiva de las partes públicas del proceso”, es decir, “los actos iniciales del juicio” (la lectura de las acusaciones), “la discusión final” (los alegatos y últimas palabras de los imputados) y “la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y los fundamentos”.
El punto es que antes de cada juicio oral, cada tribunal establece sus propias reglas de difusión del proceso. En este caso, el Tribunal Oral Federal 2 dictó una acordada de prensa basada en esos mismos criterios que estableció la Corte Suprema, de quien depende el Centro de Información Judicial (CIJ). Los jueces podrían haber autorizado la transmisión del resto de las audiencias y no solo la lectura de elevación, los alegatos y la sentencia; sin embargo no lo hicieron.
Hay numerosos ejemplos de juicios completos que pudieron verse en vivo a través del CIJ, como el que encabeza en la actualidad el TOF4 por presunto lavado de dinero, cuyo principal acusado es Lázaro Báez y que se ve cada miércoles por el streaming del CIJ. La indagatoria a José López, cuando dio su segunda versión del traslado de los bolsos con dinero en el juicio por enriquecimiento ilícito, fue transmitida en su totalidad por decisión del TOF número 1. Los juicios por delitos de lesa humanidad en general también pueden verse completos vía web.
Es decir que el criterio lo establece cada tribunal para cada juicio en particular. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se basaron solo en la acordada de la Corte y no ampliaron el permiso para que se transmitan otras instancias del proceso, además de las fijadas por el máximo tribunal. Según este criterio, entonces, próximamente las indagatorias a los trece imputados tampoco deberían ser transmitidas. Entre ellas la de Cristina Kirchner, quien -como adelantó Página/12– quiere declarar durante el juicio.
En definitiva, la queja de los defensores está centrada en que se transmitió en vivo la extensa y tediosa lectura de las casi 600 páginas de la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, mientras que sus duros planteos y cuestionamientos por las numerosas y graves irregularidades del proceso, sólo pudieron ser escuchadas por quienes estuvieron dentro de la sala de audiencias.
En la jornada de este lunes hicieron uso de la palabra Beraldi, quien pidió la suspensión del juicio; Maximiliano Rusconi -abogado de Julio De Vido- quien planteó la nulidad del proceso y los defensores de Carlos Kirchner, que recusaron al Tribunal.
Entre otras cosas, el abogado de la ex presidenta enumeró todas las violaciones al derecho a la defensa en perjuicio de la ex mandataria y acusó a los jueces de llevar adelante un juicio con tinte político: “Aquí aplicamos la ley. No criterios políticos. Para cuestiones políticas está la ciudadanía, que gracias a Dios dentro de poco va a votar", disparó.
Luego, en declaraciones radiales y televisivas al canal C5N, Beraldi reiteró que “básicamente es un juicio que no tendría que haber empezado" y que "empezó al solo efecto de dar noticias del ámbito judicial entre comillas, que de alguna manera le sirvan al Gobierno para decir que lucha contra la corrupción".
