Son muy comunes y relevantes en todas las economías de tipo “mixto”, las que predominan todavía en el mundo a pesar de la brutal ofensiva del poder financiero global desregulado (para peor, ya peligrosamente desbocado). Algunas de las cuestiones de importancia que plantean los subsidios son sus efectos sobre la equidad y la eficiencia económica y, también, su sustentabilidad en el tiempo (vale decir, la posibilidad de su sostén por parte de las finanzas públicas).
El presupuesto nacional de la Argentina los divide en dos grupos: los “subsidios económicos” y los “subsidios sociales”. Ambos han acumulado un peso del orden de los 4 puntos del PBI y suman entre 70 y 80 mil millones de pesos (estimado para 2011). Los primeros (los “económicos”) han crecido en los últimos años muchos más que los “sociales”, diría que de modo casi “exponencial”. Y han sido dirigidos a los sectores energético (60% del grupo) y del transporte (cerca del 30%), las empresas públicas y, en menor medida, a los sectores rural y forestal, agroalimentario e industrial (enumerados en orden de importancia). Los “sociales” los otorgan los ministerios de Trabajo, Planificación Federal, Desarrollo Social, Salud y Educación (también según orden de significación de los desembolsos). En el primer semestre del año, los “económicos” consumieron casi $ 32.400 millones (un 64% más que en igual período de 2010), mientras los “sociales” sumaron unos $ 18 mil millones (apenas un 15% más que el primer semestre del año precedente).
La evolución de los “subsidios económicos” ha sido determinada, en gran medida, por el curso de la inflación y de las decisiones de política pública referidas al nivel de las tarifas fijadas para los usuarios. La de los “sociales” responde más a cuestiones de carácter distributivo, tanto a través de programas de nuevo cuño como las debidas a la necesidad de proteger el nivel real de los beneficios otorgados en el pasado (frente a la inflación).
Un estudio acerca de los impactos distributivos (sobre la equidad) de los “subsidios sociales” –positivos en todos los casos– muestra que los mismos se ordenan, de mayor a menor, del siguiente modo (según tipo de gasto y para el año 2010): 1º promoción y asistencia social; 2º trabajo; 3º salud; y 4º educación. En cuanto a los “económicos”, su efecto global no resulta progresivo; vale decir, no proveen mayor equidad: “El impacto del presupuesto sobre la equidad. Cuadro de situación (Argentina, 2010)”, DT N° 40, CEFID-AR, Octubre de 2011.
La correcta decisión del gobierno nacional de comenzar a desmontar el andamiaje de subsidios injustificados, inconvenientes y/o insostenibles (desde el punto de vista fiscal, en este último caso) supondrá arduas decisiones a partir de una compleja trama de análisis que deberían involucrar:
a) La consideración de la sostenibilidad fiscal; vale decir, cuántos puntos del PBI deberían seguir siendo financiados en el futuro (o lo que es lo mismo, cuánta reducción es requerida desde el tope de partida antes mencionado de 4 puntos, equivalente al superávit fiscal que supimos conseguir hasta hace unos cuatro años);
b) El punto de vista de la mayor equidad a alcanzar, lo cual supone no sólo eliminar de los beneficios a todas las empresas y personas que no los merecen sino también –y esto es quizás lo más delicado– definir de modo claro los criterios que determinarán el nuevo (y más legítimo, se espera) conjunto de beneficiarios.
c) La cuestión de la eficiencia, que debe ser cuidada –entre otras cuestiones– al fijar los nuevos niveles de tarifas y precios que impactarán sobre los usuarios y consumidores, de modo tal que se minimice el despilfarro de recursos no renovables (y/o costosos) y se alienten las necesarias inversiones (cuidando de no realimentar, además, la inflación).
