La causa se inició por una denuncia efectuada a fines de junio de 2016. Los imputados son 17 personas: Cevey, su esposa, sus dos hijos, la suegra, su cuñada, la secretaria de la municipalidad, Mara Griselda Brasesco, una hija y el yerno, el asesor letrado del municipio Julio Larrocca, su hijo y otras personas más que compraron terrenos. Eran 18 pero uno de ellos, el empresario José Galvani, se sometió a un juicio a prueba a cambio de la devolución de un terreno.
El delito por el que son juzgados es peculado y administración fraudulenta. O sea, malversación de los fondos públicos. El peculado es castigado con penas desde 2 hasta 10 años de prisión además de inhabilitación pública perpetua. Además, de ser hallados culpables, los bienes se decomisan. Los funcionarios son los presuntos autores del delito de peculado y los familiares son hipotéticos partícipes necesarios, según explicó Arias en una nota publicada en septiembre pasado (http://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=84772).
Los terrenos investigados eran ocho. Algunos se subdividieron, se ha hecho escrituras, traspasos y transferencias entre todos. Arias les endilgó el no haber cumplido con los procedimientos legales establecidos como licitación pública, por haber vendido a muy bajo precio terrenos como $ 7.000, $ 8.000 y $ 11.000 cuando los costos de mercado eran “infinitamente superiores”.
“La denuncia original tenía que ver con la venta de seis terrenos que favorecían a testaferros del intendente, a la hija y la pareja de la secretaria de la intendencia y al hijo del asesor letrado que es Larrocca. Ese es el puntapié inicial de la investigación que deriva en otras ventas más que se descubrieron”, indicó el fiscal.
En tanto, en septiembre pasado, el abogado defensor de los 17 imputados, Juan José Buktenica, dijo a DIARIOJUNIO que no compartía la mayoría de los aspectos señalados en la acusación. Además, señaló que no se configuraba los delitos que el fiscal entiende que se cometieron. Por ello, llegó a señalar que la denuncia no debió haber prosperado al punto de llegar a un juicio.
Bukténica dijo que hay diferencia de criterio respecto de los valores de los terrenos. Mientras la fiscalía apunta a que se vendieron a precio “vil” e “irrisorio”, la defensa sostiene lo contrario. En ese sentido, pidieron las valuaciones fiscales a ATER. “Se da una cuestión muy importante en Puerto Yerúa y es que, en el año 2008, 2009, que fueron los años que se comenzaron a vender esos terrenos, hubo un cambio en la valuación de Ater que no eran normales”, indicó.
Si bien se entiende que normalmente las valuaciones fiscales son bajas, el aumento que se produjo en poco tiempo fue desproporcionado. “Si ves las valuaciones de Ater en el primer período de 2009, hay terrenos que valían $ 400. En el tercer período, esos mismos terrenos pasaron a valer $ 5.000, $ 6.000”, dijo. O sea, el incremento fue de más del 1.000 %. “Entonces la variación fue tan alta que no respetó ningún tipo de porcentaje ni de variable. No varió por el dólar ni por la inflación. No sabemos por qué se produjo esa variación”, argumentó. Algunas posteriormente las bajó y otras las estabilizó por cinco años.
La deducción del abogado defensor fue que la revaluación se hizo en la época en que Puerto Yerúa se empezó a publicitar como un “boom turístico” porque se iba a asfaltar e iban a abrirse un complejo termal. “Ahí hubo un sinnúmero de inmobiliarias de toda la zona, incluso de Paraná, que ofrecían terrenos en Puerto Yerúa, porque iba a ser el nuevo boom que no lo fue porque las termas no se hicieron y el asfalto no salió ese año ni el siguiente”, dijo.
