El juicio contra los asambleístas Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez se desarrollará del 20 al 22 de mayo en la sede del Tribunal Oral de Paraná, ubicado en calle Urquiza 872. Están citados “varios testigos, principalmente de la defensa”, explicó Fernández.
“Nosotros planteamos que es un claro caso de persecución, donde a dos luchadores sociales en defensa del medio ambiente y en definitiva de la vida, se los hace responsables de un hecho lamentable y penoso, respecto del que no tienen ningún tipo de responsabilidad”, expresó el abogado en relación a la postura de la defensa. Y ratificó que los imputados “son totalmente ajenos a las circunstancias que llevaron al accidente”.
“Tanto González como Pérez están desvinculados de cualquier tipo de responsabilidad en los hechos. No hay relación directa entre el hecho y los imputados. Es absolutamente carente de fundamentos que se les atribuya la responsabilidad, porque en todo caso estamos hablando de una protesta en la que había miles de personas”, argumentó el letrado.
Señaló también que “además (el motociclista uruguayo Walter Maulucci, de 33 años) estaba debidamente advertido que no se podía circular en ese momento, porque las condiciones de circulación tenía muchos obstáculos. A Maulucci se le advirtió todo eso y sin embargo tomó la decisión de circular igual a alta velocidad”, aseguró.
Luego remarcó: “La pregunta es por qué se le atribuye responsabilidad sólo a dos personas y no a miles de personas, prácticamente toda la población de Gualeguaychú”, que estaban participando de la protesta junto a los imputados.
En ese sentido, Fernández reflexionó: “La Justicia Federal ha tomado el camino de criminalizar la protesta social. Además de esta causa, tenemos el procesamiento a los asambleístas de Concordia que protestaron contra el Fracking, y todas las causas contra la Asamblea de Gualeguaychú, una de ellas originada por el Gobierno nacional, en la cual si bien no hubo avances, tampoco está cerrada, es decir que está pendiente”. Por eso lamentó en declaraciones a APF Digital: “Se está usando a la justicia como un elemento de presión para evitar la protesta”.
