Tras el dictamen de la Sagpya, los arroceros esperan que entre hoy y el viernes, finalmente, Economía oficialice la devolución de los reintegros. En términos de plata, la medida significa que los arroceros podrán recuperar entre 15 y 20 dólares por tonelada.
En otro orden, el presidente de la Federación de Entidades Arroceras (Fedenar), Jorge Paoloni, definió como “tirante” la situación con Brasil luego de que la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul ratificara una ley sancionada en octubre del año pasado y vetada por el gobernador del Estado, Germano Rigotto.
La legislación impulsada por Federarroz, la federación que nuclea a los productores de Río Grande do Su, concretamente, prohíbe la comercialización, el estoqueo e incluso el tránsito de arroz si no pasa previamente por el análisis de residuos agroquímicos, como de principios activos usados en la industrialización.
Rigotto intentó frenar el proyecto con un veto total, pero la Asamblea Legislativa lo rechazó y ahora ratificó la ley.
Paoloni, en tanto, aclaró que “nosotros no tenemos problemas ni con los importadores brasileños ni con el 60 % de los productores de todo Brasil. El problema se circunscribe a los arroceros de Río Grande do Sul que nos están haciendo guerra”.
Según el Mecanismo de Adaptación de Competitividad (MAC) firmado por los gobiernos de Brasil y Argentina, cuando una exportación brasileña a la Argentina produzca daño o amenace con hacerlo en un sector productivo local, se puede limitar la importación del producto. Y viceversa. Fedearroz, en este marco, podría reclamar salvaguardas para limitar las importaciones del arroz argentino.
El dirigencia entrerriano, sin embargo, señaló que “hasta ahora no han presentado nada, ni tienen fundamentos para hacerlo”, por lo que relativizó la posibilidad de que recurran a aquella herramienta. “Y si lo hacen, tenemos argumentos para rebatir sus fundamentaciones”, afirmó, porque los “productos (agroquímicos) que cuestionan se los compramos a ellos y son los mismos que ellos aplican”. Se trata, en buen romance, de una barrera paraarancelaria.
La ratificada ley riograndense, además, tiene una vigencia sólo estadual y no federal por lo que, incluso, podría ser declarada inconstitucional. Mientras tanto, y hasta tanto se dilucide totalmente el diferendo, la norma gaúcha agrega piedras en el camino de la siempre tormentosa relación comercial entre los dos grandes del Mercosur.
