El esquema regresivo se profundiza porque se mantiene vigente el impuesto al trabajo (4° categoría del impuesto a las ganancias); hoy más trabajadores docentes y docentes jubilados son alcanzados por la aplicación de esta injusta carga.
A su vez, el Presupuesto Provincial 2017 no expresa ninguna voluntad de avanzar en mayor financiamiento para la educación pública, lejos del 28 % de recursos genuinos provinciales fijado por la Constitución Provincial demuestra que la prioridad del gobierno es que “cierren” los números como exige el gobierno nacional, dejando a los trabajadores como variable de ajuste.
A este escenario, los docentes entrerrianos sumamos nuestra preocupación por las características de un cronograma de pagos que se extiende más allá del 10 de cada mes, por la persistencia de montos en negro en nuestros sueldos y porque no se avanza en la corrección de las distorsiones salariales dentro del escalafón y entre trabajadores de distintos niveles.
También expresamos que nuestra demanda y el conflicto salarial no se resolverá con la promesa de adicionales excepcionales en negro para fin de año, demandamos incrementos salariales en blanco que se trasladen a los compañeros jubilados.
A su vez, se suma nuestra preocupación por nuestros derechos previsionales. Las reformas impulsadas a nivel nacional en este sentido avanzan sobre nuestros derechos y posan aún más su mirada sobre los sistemas no transferidos, relativizando el carácter solidario de su financiamiento y cargando sobre las espaldas de los trabajadores lo que llaman “déficit”, en vez de asumir la responsabilidad por los mecanismos ajenos a los trabajadores, que las han ido debilitando. Exigimos que ambos bloques de la legislatura provincial se pronuncien públicamente sobre el no avance con ninguna reforma de la ley de jubilaciones vigente en la provincia.
Ante esta situación y a pesar de haber anunciado que haría una propuesta a los docentes en el mes de julio, el gobernador Bordet no reabrió la discusión salarial y prefirió andar el camino del descuento por huelga, esta vez con nuevas y más perversas herramientas. Exigimos la derogación de la Resolución 2566/16 CGE, enemiga del diálogo y al servicio de la persecución patronal.
Respecto a la recategorización de escuelas, exigimos la suspensión de su aplicación y que avance la discusión para fijar nuevos criterios con los cuales establecer las categorías de escuelas que supere el modelo tecnocrático-economicista aún vigente. Recategorizar escuelas hacia la baja significa perder cargos docentes y representa un enorme recorte sobre la escuela pública. En este contexto, a la descategorización, se suma el cierre y/o la falta de financiación de los programas nacionales. Es un ajuste que recae sobre los trabajadores de la educación y sobre las familias de nuestros alumnos.
Exigimos que se cumpla el acuerdo paritario 2012 de Infraestructura. Seguir los pasos y acuerdos planteados en él es una fabulosa herramienta que, si se cumpliera, evitaría los constantes problemas de seguridad y de deterioro de los edificios escolares, como se observa ante cada inclemencia climática. Con el mismo énfasis pedimos el cumplimiento de la paritaria de transporte y que se continúe concretando la paritaria de viviendas.
Entendemos que el avance del Operativo “Aprender 2016” instala lógicas meritocráticas, eficientistas y competitivas, que están lejos de asegurar una evaluación integral, con participación de los trabajadores, y que dé cuenta de los contextos diversos y complejos en que ocurren los aprendizajes reales y profundos de nuestros alumnos y alumnas.
También expresamos nuestra preocupación ante el proyecto de Ley que plantea que se debe poner falta a los alumnos que no asistan a los establecimientos escolares los días de inclemencias climáticas, cuando dicha norma ya existe (Res. 2421/09 CGE). La propuesta, por tanto sólo tiene por objeto confundir e instalar la lógica de que se debe premiar a los alumnos más esforzados, cuando sabemos que son los sectores más vulnerables quienes mayores dificultades tienen para llegar a las escuelas. El planteo es regresivo respecto del derecho social a la educación y los legisladores deberían abocarse a asegurar el transporte de los alumnos y alumnas para garantizar ese derecho.
En este contexto llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores de la educación a participar de la jornada de lucha de este día 4 de noviembre y bregamos por la unidad del movimiento obrero para enfrentar el ajuste.
Comisión Directiva Central – Consejo de Secretarios Generales AGMER
