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Los nuevos delegados argentinos ante la CARU -Comisión Administradora del Río Uruguay- se doblegaron ante las históricas presiones de los delegados uruguayos, personeros de los intereses foráneos que están saqueando su propio país, y aceptaron cambiar las pautas de medición de los vertidos de BOTNIA (UPM) aunque esto está expresamente prohibido por los acuerdos internacionales firmados por ambos países.
Las revelaciones conocidas por estos días sobre la renuncia de los delegados argentinos a hacer respetar los acuerdos que regulan el río Uruguay, anticipan un nuevo escenario de conflictividad por las graves irregularidades que se están cometiendo en el organismo, con la anuencia de la Delegación Argentina y nuestra Cancillería.
La normativa de aplicación para efectuar y analizar el Monitoreo de la planta de BOTNIA (UPM) DE Fray Bentos, es la establecida en el Digesto de la CARU. Esto fue acordado por ambos países el 27 de noviembre de 1990.
Argentina y Uruguay acordaron los ámbitos de competencia de las normativas internas de cada país y establecieron, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que el Digesto de la CARU tiene carácter de Norma Internacional y prevalece sobre cualquier Norma de las Partes.
En el Informe publicado el 2 de noviembre, la CARU, e insólitamente también la Cancillería Argentina, evaden las obligaciones establecidas en el Capítulo 4 del Digesto, pretendiendo reducir las exigencias del efluente de UPM, solamente al Capítulo 5 de dicho instrumento legal.
Esta actitud, dicen, contraviene los convenios internacionales firmados y en los hechos significa una decisión ilegal adoptada con el único fin de facilitar y disimular la actividad contaminante de la conflictiva planta celulósica, desvirtuando inclusive el Decreto 253/79, del que deberían tomar los parámetros y estándares que resultaren más exigentes que los establecidos en el Digesto.
Pero no les alcanza para ocultar los datos que delatan la contaminación de UPM, y entonces incorporan en reemplazo del Digesto de la CARU y del Decreto uruguayo 253/79, normas uruguayas menos exigentes que aquéllos, cosa que –saben-, no está permitido por el Estatuto del Río Uruguay en cuyo artículo 41 establece que ambos países están obligados a: “ b) No disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos: 1) Las exigencias técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas”.
La adopción, en reemplazo de las prevalentes, por las más que permisivas Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, N° 63/05, 370/11 y 1334/13, diseñadas a la medida de BOTNIA (UPM), donde disminuyen las exigencias técnicas en del Digesto de la CARU y del Decreto uruguayo 253/79) constituye un escándalo para nuestro país, y expone a los actuales delegados argentinos ante CARU y a la cancillería a juicios penales, que inevitablemente vendrán en el futuro, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, doblemente agravado porque el delito ha sido cometido en contra de los intereses de la república y de los ciudadanos afectados.
Para el Río Uruguay tanto los Decretos y Resoluciones de la República Oriental de Uruguay como los de Argentina, son de menor jerarquía que el Estatuto de Río Uruguay y el Digesto de la CARU, principio que nuestros delegados están obligados a defender.
Con el silencio y la falta de pronunciamiento, se está aceptando de hecho que BOTNIA (UPM) ya no solo controla la delegación y las autoridades uruguayas, sino que ha pasado a subordinar también la delegación de nuestro país, lo que en sí mismo constituye un escándalo y un grave delito contra el derecho internacional, contra los ciudadanos de la región afectada y contra el ambiente regional.
