La ley 9.501 sancionada el 22 de junio del 2003 (que se apoya en la ley nacional 26.130), crea en el ámbito de la provincia, el Sistema de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, proponiendo mediante políticas públicas, alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable para toda la población entrerriana. Apunta a disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir los embarazos no planificados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de infecciones transmitidas sexualmente, de Sida y patologías genital y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; y potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al tema.
El éxito o fracaso del programa, en la realidad depende de la voluntad política del órgano de aplicación, la Secretaría de Salud y el Consejo General de Educación, para que el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud sexual y reproductiva sea efectivo.
Recientemente, Silvia Gieco, directora de Maternidad e Infancia de la Provincia, luego de las declaraciones de Patricia Ledo, jefa del Servicio de Obstetricia del hospital Masvernat a DIARIOJUNIO, en las que manifestó que este hospital es el único de la provincia donde se aplica de manera íntegra los términos de la Ley Nº 26. 130, acepta explícitamente que la ley no se cumple, al manifestar que “hay lugares donde no se está en condiciones tecnológicas de realizar las cirugías de ligamento de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía”. Pero además, admite que “no se tienen todavía datos estadísticos de cuántas prácticas se realizan, y cuántos son los hospitales que las realizan. Porque además, tampoco es de obligación para el profesional hacer esa práctica si dentro de sus principios no cabe. No es una cuestión que por que la ley lo dice, es obligación hacerlo”. Remata diciendo que “estamos en un proceso de maduración”. Imposible no destacar que ya van casi 6 años y siguen “madurando”, tanta banalidad hace que la expresión “hipocresía” que utiliza Ledo, resuene en los oídos.
Luego de casi seis años de vigencia de la ley, en nuestra provincia, no se hizo todavía un registro con los profesionales que no son objetores de conciencia, para profundizar con el programa en los hospitales de la provincia. Ese listado sería un método más que eficaz para corroborar si lo que dice Ledo es cierto : “todos los ginecólogos efectuamos esa práctica en el ámbito privado, cobrando en muchos casos un adicional para realizarla”.
Salud Reproductiva y Procreación Responsable no es solo utilización de métodos anticonceptivos y prevención de la salud, sino también es un problema de desarrollo, de derechos humanos y fundamentalmente de educación. El artículo 4, de la ley 9.501, sostiene que el Consejo General de Educación, diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente.
El gobernador Jorge Busti no implementó la ley durante todo su mandato. Recién comenzó con la capacitación de los maestros, en el 2007, pero, solo alcanzó sólo a una mínima parte de la planta de docentes. DIARIOJUNIO pudo constatar, que a pesar de estar incluidos en los programas de enseñanzas en las escuelas, en la gran mayoría de ellas no se imparte educación sexual en las aulas. Muchas docentes nos manifestaban que no la llevan a cabo, producto de temores a un sector de la sociedad, más precisamente por la iglesia católica, cuyo peso parece mayor que la aplicación de la misma ley.
