“Urribarri debería, cuanto menos, apartarse de este asunto institucional que malversó durante ya 2 años, con la complicidad de los senadores obedientes que le respondían”, se despachó el ex senador y convencional constituyente JUAN CARLOS ARRALDE frente al proyecto de ley que reglamenta la nueva estructura del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Arralde es el abogado que demandó al Estado Provincial por la designación de Guillermo Smaldone –hijo del Vocal del Superior Tribunal de Justicia- al frente del Tribunal de Cuentas, nombramiento al que atacó de inconstitucional por no haber sorteado el requisito del “concurso público” que le ordena hacer la Constitución reformada en el año 2008.- La demanda de inconstitucionalidad se inició en abril de 2014 y desde el 18 de febrero del 2015 el expediente espera ser sentenciado.- El 12 de junio venidero el retardo de los jueces del Superior Tribunal de Justicia en dictar la sentencia cumplirá un año.
Para el ex convencional radical “la hipocresía de firmar una iniciativa de este nivel por quien se pasó dos mandatos violando la Constitución reformada y la pretensión de ratificar en el cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas a Smaldone constituye un nuevo atropello institucional que, además, constituye el delito de abuso de autoridad”, afirmó Arralde al considerar que “al ex gobernador sólo le interesa dejar en su cargo a Smaldone y utiliza el mecanismo de la incorporación de la minoría en el gobierno del Tribunal de Cuentas para disfrazar su verdadera intención”, para agregar. “Si usted me pregunta qué haría yo si fuera legislador, le contesto que no dudaría en presentar un proyecto de ley derogando el Decreto Nº 1112/14 que designó ilegalmente a Smaldone en la Presidencia del órgano de control”.
En el medio de esta polémica, la Justicia no se expide mientras el plazo para hacerlo está largamente vencido (el Superior Tribunal de Justicia tenía 75 días hábiles para sentenciar y ya lleva casi un año sin pronunciarse) y se sospecha que existe en el seno del mas alto tribunal judicial de la provincia una suerte de empate técnico o una votación en extremo sensibilizada por la gravedad institucional que implica el caso y la seriedad del planteo jurídico.-
Preguntado sobre cómo interpreta esa demora, Arralde no dudó en responder que “A esta altura de los tiempos es evidente que la morosidad judicial no tiene ninguna motivación procesal o jurídica sino que esta influenciada por factores extraños al expediente mismo y que los Jueces Supremos deberían explicar”.
