Desde la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná queremos poner en común algunas reflexiones en torno a la Política de Estado Provincial en materia de Derechos Humanos y en particular a la situación que atraviesa el Registro Único de la Verdad (RUV).
El RUV ha sido desde su creación la expresión de un justo reclamo del pueblo argentino y una herramienta central en el avance de la construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Dicho organismo público cuenta entre sus trabajadores con militantes de nuestra agrupación. Desde esta perspectiva queremos hacer públicas las siguientes líneas, mientras aguardamos que el Ministro de Gobierno, Justicia y Educación nos conteste el pedido de audiencia solicitado el 14 de junio (Expte. Nº 1110706).
El viernes 18 de junio leímos, preocupados, en la prensa digital las declaraciones de quien está a cargo de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Haidar, que dijo textualmente: “Está a la firma del Gobernador un decreto donde reorganizamos y reordenamos el Registro Único de la Verdad, en un trabajo que realizamos en conjunto con las organizaciones de Derechos Humanos y que trabajamos en la Subsecretaría (de Derechos Humanos)”.
En principio, queremos decir que desconocemos a qué se refieren las palabras de la Sra. Secretaria de Justicia, Seguridad y DD.HH. cuando habla de “… un trabajo que realizamos en conjunto con la organizaciones de Derechos humanos…”, no habiendo sido convocados en ninguna oportunidad al trabajo en conjunto aludido, ni como militantes políticos de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, ni como trabajadores del Registro Único de la Verdad.
Hacemos públicas, entonces, las reflexiones que surgen a partir de la lectura del Decreto N° 1693 MGJE que fuera firmado por el Gobernador de la Provincia, Sergio Urribarri, el pasado 16 de junio de 2010. (Nótese que al momento de las declaraciones de Haidar el decreto ya estaba firmado). Transcribimos algunos párrafos para echar luz sobre las cuestiones que queremos plantear:
Dice, en sus considerandos: “Que luego de una profunda evaluación sobre el funcionamiento del organismo, se entiende apropiado modificar dicha relación de dependencia, dejando señalado que el Registro Único de la Verdad funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente ésta de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, lo cual optimizará el trámite administrativo;”
De dicho párrafo se desprenden las primeras preguntas: ¿Qué caminos ha seguido la profunda evaluación sobre el funcionamiento del organismo? ¿Qué elementos se pusieron en cuestión? ¿Cuáles fueron las conclusiones alcanzadas en relación al trabajo efectivo desarrollado hasta el momento por el mencionado organismo? ¿Por qué se cree apropiado cambiar la relación de dependencia del organismo de la Secretaría a una Subsecretaría? ¿Representa esto una optimización de trámites administrativos o un cambio en detrimento de las políticas de Derechos Humanos en la Provincia ?
Intentamos comprender lo “apropiado” de las modificaciones realizadas tras la profunda evaluación referida y nos preguntamos entonces ¿Qué sería lo inapropiado del trabajo que con tanto esfuerzo y compromiso sostenemos día a día como militantes y como trabajadores del RUV? Trabajo que está emplazado sobre una fructífera estrategia encabezada por Guillermo “Mencho” Germano, quien fuera el Coordinador del organismo hasta el momento de su fallecimiento el 9 de diciembre de 2009. Cabe destacar que en estos últimos tiempos, lejos de haber decaído por la falta del Coordinador, la labor se ha incrementado. Cuestión que se traduce en los públicos avances de las causas por delitos de Lesa Humanidad con las que trabajamos, pero… ¿hará falta repasar los logros alcanzados por el Registro Único de la Verdad en estos últimos años?
Aquí es donde también queremos advertir que la necesidad de optimizar los trámites administrativos se soluciona principalmente designando a un Director o Coordinador del RUV, cuestión que el decreto ni considera ni resuelve.
Tanto el Subsecretario de Derechos Humanos, Roque Minatta, como la Secretaria de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Lucila Haidar, son dos funcionarios que no han demostrado compromiso ni interés alguno por el trabajo que se viene realizando en el organismo en cuestión, sino que por el contrario, sus conductas se caracterizan por tener un profundo desconocimiento del mismo, a pesar de que son hoy los responsables de la Política de Estado Provincial en materia de Derechos Humanos.
Finalmente, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación planteada, por lo que exigimos al gobierno provincial que garantice el diseño y el avance de la Política de Derechos Humanos sin dar más pasos para atrás y sobre un esquema de trabajo que ha materializado sus frutos en la restitución de la identidad de Sabrina Gullino, la hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, la detenciones a los genocidas, la muestra fotográfica Ausencias de Gustavo Germano, la organización de Teatro y Música x la Identidad , entre tantos otros.
