El magistrado también dispuso la convocatoria a declarar en calidad de imputados al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y del extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, según informaron fuentes judiciales.
En la causa, se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.
“Se investiga las maniobras defraudatorias y actos en violación a las leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en connvivencia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A”, señaló el juez Canicoba Corral en la resolución a la que accedió Télam.
En el mismo expediente se analiza un contrato de concesión del Acceso Oeste firmado durante del gobierno de Cambiemos, según surge del documento. En ambos casos, los hechos denunciados se iniciaron “formalmente” con una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión de Iguacel en 2016 y culminaron con la firma de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018.
Las indagatorias, que también alcanzan al exjefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional Ricardo Stoddart y el presidente ejecutivo de Ausol Andres Barberis, se realizarán por videoconferencia en fechas a confirmar a raíz de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus. A todos los citados a indagatorias se les impuso, además, la prohibición de salir del país.
La causa se inició con una denuncia presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau quienes relataron que para concretar la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vinculada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.
La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.
La relación del expresidente Macri con Ausol fue formalmente reconocida cunado la exvicepresidenta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
