La Ley 23.737, es como un mapa secuencial que abarca todo el proceso de ése fenómeno social que se conoce como “el mundo de la droga. Ella castiga con penas de diferente entidad: al que siembra y cosecha materias primas para producir droga, al que fabrica o elabora droga, al que la transporta, al que la comercializa, al que la tiene y al que la consume. Es común que mucha gente crea que la tenencia para consumo personal, no esta sancionada como delito, ello no es así. Dice el artículo 14 en su segundo párrafo: “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. Esto es lo que la mayoría de los siete jueces de la Corte Suprema estaría a favor de no sancionar penalmente, al considerar que su posesión en «pequeñas cantidades» no constituye un delito. La actual ley menciona el derecho constitucional de las personas a disponer de su intimidad, pero también antepone el deber estatal de proteger la salud pública. Es por eso que el límite de la intromisión de la autoridad en la vida privada se confronta con la necesidad de combatir el narcotráfico. Aunque la forma de realizarlo no es bien visto por todos, se genera un amplio debate con voces a favor y en contra.
DATOS
En la Argentina hay 3.200.000 consumidores de drogas ilegales, según el coordinador del Consejo Federal de Drogas, Ricardo Macedo. En el año 2008, en nuestra ciudad, la Policía de Entre Ríos instruyó 16 causas con intervención de la Justicia Federal, con el secuestro de 103,65 kilogramos de estupefacientes. Poco más de la mitad, corresponde a portadores en pequeñas cantidades, o sea, para consumo.
En la provincia se ha recibido en el año 2008, 1900 solicitudes de tratamientos e inicio de tratamientos, que en realidad fueron 1300 consultas efectivas. Lo que habla es que hay 120 consultas mensuales.
Concordia cuenta también con un servicio, un programa que funciona con cinco profesionales con un teléfono de atención y contención (132). En el año 2008 se tuvo un promedio de 40 pacientes mensuales.
ADICTO
“Pepe”, es adicto a la cocaína desde hace veinte años, y es uno de las 440.000 personas que son consumidoras habituales de cocaína, (dato que entrega el sondeo nacional encargado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Y uno de los 320 mil procesados en la Argentina desde que fue sancionada la Ley 23.737, en 1989. “El error de la ley está en que compara con un criminal a los adictos”, nos dice. Fundamenta esta posición diciendo: “La ley está mal encarada, porque el adicto es un enfermo y por más que te lleven en “cana”, no te hace dejar de consumir. Eso que el Juez te manda a atención terapéuticas, no pasa nada, porque todos quieren que te abstenga de consumir, pero antes la ansiedad por no consumir, ellos mismos te dan pastillas para calmar la ansiedad y te hacen adicto a ellas, es contradictorio todo. Además, dónde te manda el Juez, no te pueden atender, porque no disponen de lugares y tratamientos en serio”. Es categórico a la hora de evaluar las medidas terapéuticas coactivas ordenadas por un juez: “ningún adicto deja de consumir con un tratamiento impuesto por un Juez, todo verso es eso, sobrados son los casos. Si no hay voluntad del propio consumidor, no hay curación”.
Expresa, “la problemática de la droga en Concordia es tremenda. Cada vez hay más consumidores, y son más chicos en edad. El acceso a las drogas es muy fácil y lo cierto es que los políticos no saben que hacer, porque cuando tratas de curar uno, hay cien que empiezan a consumir. Es compleja la situación”. A renglón seguido nos deja una reflexión: “el Estado debería vender la droga. Así la controla y dejarían sin negocios a los que las venden, que muchas veces te dan cualquier cosa y te mata más rápido, estoy convencido de esto”.
Según los datos del gobierno nacional, la maraña burocrática que se genera en cada uno de estos casos le cuesta al Estado al menos 5 mil dólares para un tratamiento. Se estima que las causas relacionadas con las drogas representan el 70% de las tramitadas en la Justicia Federal, con un porcentaje de condenas del 2.8%.
Quienes están a favor de la despenalización cuando se trata de consumo personal, hacen una diferencia con la legalización, ya que sostienen que mientras ésta implica la venta libre, la despenalización supone seguir manteniendo a la droga como una sustancia ilícita sin castigar a quien la consume en su intimidad.
EL ESTADO
“El espíritu de la ley 23.737 tenía como objetivo poner al sujeto que lo detuvieron por consumir, al servicio de la salud, de medidas curativas y también educativas. Pero la ley nace con un faltante, que tenía que ver con los dispositivos de salud. Adonde iban estas personas que quedaban detenidas? Dónde realizaban tratamientos? Y lo cierto es, que no crecieron los dispositivos de salud pública”, indica a DIARIOJUNIO, Mario Sarli, coordinador del Departamento de Conductas Adictivas de la Provincia, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social y responsable del tratamiento del adicto en nuestra ciudad.
Considera que “los éxitos terapéuticos no fueron tantos, el nivel de reincidencia fue y es muy alto, y lo que se ha comprobando es que la justicia acumula casos de consumo personal de sustancias y no funcionan los tratamientos terapéuticos”. Además sostiene que “el Estado, a través de becas, paga el tratamiento en clínicas privadas solamente a pacientes que tienen un compromiso muy alto con la droga. Un problema que ha salido a la luz, es que muchos pacientes, aún aquellos que tienen causas judiciales, requieren tratamientos ambulatorios y, aquí si el estado no ha podido desarrollar sistemas ambulatorios para tratamientos de adicciones. Es un déficit tremendo el que hay”.
Para Sarli, la represión al adicto “no funciona”. Considera que “dónde se impone el tratamiento, donde el paciente que es alojado en una comunidad terapéutica y pensamos que después de 6 meses o un año de tratamiento sale rehabilitado, es un error. El sujeto sale rehabilitado si primero deseo ingresar a la institución. Por lo tanto, dentro del concepto de represión, son muy pocas las instituciones que trabajan con estos sistemas cerrados, aunque el paciente no quiera igual existe, son muy pocos. Y la verdad que los resultados no son buenos”. La despenalización, “que es una situación novedosa, dice, corre el riesgo de caer nuevamente al vacío como lo hizo la ley 23137, si no se pone, en el centro del problema, lo que nosotros consideramos la perspectiva de la salud, que es la creación de dispositivos terapéuticos públicos, fracasará sin dudas”.
LA IGLESIA CATÓLICA
«La Iglesia se seguirá oponiendo a todo lo que atente contra la vida humana, y estás a la vista que la droga destruye a las personas y las familias», dijo a nuestro diario el Vicario del Obispado de Concordia, Alfonso Fran.
Sin atacar el proyecto del gobierno sobre la tenencia de droga para consumo, expresó “la despenalización no resuelve el problema de los adictos. Despenalizar su uso es un riesgo serio. Me acuerdo que hace unos años en Italia se planteó este tema, y todos los que se opusieron son las instituciones que están dedicados a la recuperación del adicto. Eso hace pensar no?” Haciéndose eco del reclamo de los Obispos, exhortó a convertir la lucha contra la droga “en decisiones políticas de Estado, para encontrar las causas y los responsables últimos. Es evidente que no es cuestión de castigar a la pobre persona que ha caído en eso. Pero, -se preguntó- que hacemos?, dónde buscamos los responsables?”.
El vicario, cuestionó que “en vez de facilitarles las drogas al adicto, se debe poner énfasis en darle tratamiento adecuado al adicto y a su vez, atacar al que vende drogas. Porque por más que se hagan acciones de recuperación del enfermo, mientras haya gente que siga vendiendo, jamás se va a resolver el problema”.
Opinó que los que tienen las herramientas adecuadas para atacar en serio este problema “son los legisladores, la justicia y el poder político, ellos saben. Los que estamos en el llano no tenemos todos los elementos para indicar el camino. Lo que si puedo decir que con la despenalización no resolvemos el tema, al contrario lo agravamos al facilitarle el consumo, lo vemos en la realidad”, concluyó.
LA POLICÍA
Un oficial de la policía que trabaja en la lucha contra el tráfico de narcóticos en nuestra ciudad, (no quiso que mencionáramos su nombre porque le está prohibido manifestarse), consultado por DIARIOJUNIO, nos aporta su visión sobre la despenalización: “No estoy de acuerdo, desde el punto de vista investigativo para combatir este flagelo. La policía perdería el conocimiento de quién se la vendió. Además con esta ley, al detener al individuo muchas veces sirve porque se enteren sus padres y también al ir a un juzgado, muchos se asustan y dejan de consumir”. Nos dice con total convencimiento: “creo que habría que oponerse, porque la lucha es reducir el consumo y evitar nuevos consumidores. Con la despenalización se agravaría el problema, puesto que beneficia a quienes lucran con ellas”.
LA JUSTICIA
“Con la penalización no se soluciona el tema de la droga, pero también no se soluciona con la despenalización”, nos dice la presidente de la Cámara del Crimen de Concordia, Mariela Rojas. Prosigue diciendo, “la ley en cuestión lo trata muy bien al adicto (que es considerado un enfermo), no es que lo va a meter preso, le da mil opciones durante el proceso, al momento de la sentencia cuando el Juez puede reemplazar la pena por una medida de seguridad. Da todas las opciones para que sea curativo”. El problema para la camarista está “cuando la persona va al Estado a pedir que se implemente eso que ordenó el Juez o a pedido del mismo Juez. No se cumple ni desde lo penal ni de lo social y no se penaliza” concluye.
Sostiene que “la despenalización no va a ser que se libere la droga, al contrario, porque es para un grupo acotado que se droga en privado, en su casa. Habitualmente no es para aquel que va a caer dentro de las telarañas de la justicia”.
Para Rojas “la cuestión pasa por la educación, de tratamiento para los chicos de acompañamiento, grupos de ayuda”, pero considera que “el Estado hoy no tiene los instrumentos para contener a esos chicos, pero debería hacer el intento. No se como será hoy el tratamiento, antes cuando estaba en el Juzgado Federal, los únicos que trataban a los enfermos eran los hospitales públicos que para mi entender no hay idoneidad para atender salvo que haya especialistas”.
