Se trata de generar un marco legal para que el Estado Provincial pueda responder a una situación que, por su impacto negativo y proliferación, ha generado que la Iglesia Católica y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, den a conocer su preocupación por medio de documentos que han tenido amplia trascendencia. El denominado “narcomenudeo” es la venta de droga en pequeña escala y los especialistas consideran que la modalidad se relaciona con el aumento de otro tipo de delitos y hace estragos en la salud de niños y adolescentes.
En Entre Ríos
En la provincia se sancionó la ley 9783, por la que se adhirió a la ley nacional 26052. Esta norma facultaba además al Ejecutivo a realizar gestiones para obtener los créditos necesarios para poner en alcanzar los objetivos de esta adhesión.
Si bien fue promulgada a través del decreto 4387 de año 2007, se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad “queda suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.
En aquél entonces se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
La propuesta
Con este antecedente y observando lo que están haciendo otras provincias, los senadores tienen a estudio un anteproyecto que propone la adhesión a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional Nº 26.052.
Propone que el Poder Ejecutivo pida las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5º de la Ley Nacional Nº 26.052.
Añade que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación.
Se propone además la creación, dependiendo de la Gobernación, de la Secretaría de “Lucha contra el Narcotráfico”, la que estará encargada de coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad y organismos jurisdiccionales y penitenciarios provinciales, respecto de la oferta y demanda de estupefacientes en el marco de las competencias legales que se asumen, y de armonizar con la SEDRONAR y la COFEDRO la implementación local de sus políticas.
El proyecto apunta a derogar la ley 9783 y reglamentación y comenzaría a regir apenas sea publicada en el Boletín Oficial.
Por qué debe participar el Estado provincial
Cabe mencionar que la ley 26052, impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner, preservó la actuación del Estado Nacional en el tema, agregando que el resto de las figuras típicas que se relacionan con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que pudieren lesionar el físico o la moral de los habitantes, que importen en definitiva un menoscabo en el bien jurídico protegido: «salud pública», son ajenas al derecho federal, por lo tanto, deben ser competencia de las jurisdicciones locales.
En ese sentido se espera, como resultado, elevar la capacidad investigativa de los operadores judiciales, al habilitar el conocimiento de los jueces locales provinciales en los hechos menores vinculados a la Ley 23.737, dado que se encuentran más próximos con los mismos y con las distintas agencias que se encargan de su persecución.
Los jueces penales locales de las provincias poseen mayor inmediatez con la conducta ilícita motivo de investigación, coro también con los auxiliares de la justicia que actúan en la misma, lo cual los coloca en mejor situación que sus pares de la justicia federal, otorgando mayor agilidad y eficacia a las respectivas causas, rezaba la fundamentación de aquella norma.
